COLEGAS se une a un colectivo a favor del proceso de Bolonia
Escrito el 19-11-2008 por Kelsen
Este lunes pasado se constituyó ACUDE (Asociación de Confederaciones Unificadas de la Universidad de España) con el objetivo de fomentar el “espÃritu crÃtico” dentro del mundo universitario, alejado de la “izquierda universitaria radical e intolerante“. Esta asociación defendió el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como el proceso de Bolonia, que ha llevado a miles de estudiantes españoles a la huelga, y achacó al “desconocimiento” las manifestaciones contra este plan que se han producido en las últimas semanas.
Esta asociación, apadrinada por el PP, en concreto por su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, que asistió el sábado a la sesión previa de trabajo, inauguró este lunes su asamblea fundacional. A ella acudieron entre otros el director general del Instituto Valenciano de la Juventud, Adrián Ballester, y el secretario general de Juventud de la Confederación Española COLEGAS, Rafael del Moral.
El presidente de la asamblea fundacional de ACUDE, José Andrés Hernández Sala, afirmó que lo que buscan es un “movimiento alternativo y social para reivindicar mejoras en la calidad” ya que los órganos de gobierno universitarios están copados por gente “de izquierdas radical“.
La Universidad española, la peor de 17 paÃses avanzados
Que la universidad española no resiste una mÃnima comparación seria con las de su entorno es de sobra conocido y cada nuevo análisis que aparece confirma el desastre de la educación superior en España. En el que hoy va a hacer público el Lisbon Council, un centro de estudios sobre asuntos europeos de Bruselas, España ocupa el último lugar en un ránking sobre la calidad de los sistemas educativos superiores en 15 paÃses de Europa más Estados Unidos y Australia.
El trabajo, preparado por tres expertos del Lisbon Council, emplea una metodologÃa innovadora y probablemente necesitada de ajustes que tabula seis criterios prácticos. Entre ellos, la inclusividad (el número de titulados que un paÃs produce con respecto a la población en edad de estudiar), efectividad (la capacidad de producir titulados con capacidades adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo del paÃs) o respuesta (la capacidad del sistema de reformarse y cambiar para adaptarse). Son criterios que rompen con criterios más objetivos de excelencia como los del ranking de la universidad de Shanghai, que contabiliza premios Nobel entre su profesorado y ex alumnos o el número de citas en revistas cientÃficas.
Pero el resultado final es igual de tenebroso y de alarmante ante un mundo globalizado en el que la calidad del capital humano es el principal y más determinante factor del éxito económico de un paÃs. La resultante de todos los elementos tabulados coloca a España a la cola de un grupo que encabezan Australia, Reino Unido y Dinamarca. De nuestros vecinos, Portugal ocupa el octavo puesto y Francia, el décimo.
Los autores subrayan que España ocupa lugares mediocres como el undécimo en ‘ inclusividad’ (el porcentaje de problación en edad estudiantil que acude a la universidad, con el 33%) o el séptimo en ‘ educación para à dultos’ (un 3,6% de estudiantes de entre 30 y 39 años) y subrayan como particularmente desalentador el puesto 16 en ‘ efectividad’ , que mide el reflejo salarial en el mercado de trabajo de la titulación superior. España tiene que “trabajar para restaurar el equilibrio entre las materias enseñadas en la universidad y el mercado laboral”.
“Si quiere mejorar, España debe hacer más para modernizar su sistema educativo y acercarlo a los estándares europeos (a lo que ayudarÃa avanzar en los criterios de Bolonia)”, se lee en el documento. Además del farolillo rojo global, el sistema universitario español ocupa el último lugar en ‘respuesta’ , medida como la capacidad de cumplir los compromisos adquiridos en 1999 en Bolonia para hacer realidad la titulación superior homologable a escala europea en 2010, lo que suponÃa ofrecer nuevos programas de estudios a partir de 2006.
Con esos antecedentes y deficiencias es lógico que sólo un 2% de universitarios extranjeros acudan a realizar sus estudios en España, por más que sea repetidamente el paÃs favorito de los veinteañeros de la UE que eligen un paÃs para pasar con el programa Erasmus uno de los que quedarán como de los mejores años de su vida.
los órganos de gobierno universitarios están copados por gente “de izquierdas radical�.
Mmmpfff. Eso ¿dónde?.
En Murcia el anterior rector está de Consejero de la Comunidad …
Ese estudio “avalado por expertos” (que en realidad son solo tres y con metodos dudosos) es una publicidad pro-bolonia de las que parece que le gustan a El PaÃs.
El plan bolonia sirve para mercantilizar la universidad, para hacerla mas inaccesible a todo aquel cuyos recursos adquisitivos no destaquen.
En definitiva, es una privatización encubierta:
“Como sucede a menudo en polÃtica, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar.
AsÃ, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro paÃs -sea cual sea su lugar en el espectro polÃtico parlamentario- han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.
Una vez establecido propagandÃsticamente que el llamado “proceso de Bolonia” consiste en esto y solamente en esto, nada resulta más sencillo que estigmatizar a quienes tenemos reservas crÃticas contra ese proceso como una caterva de locos irresponsables que, ya sea por defender anacrónicos privilegios corporativistas o por pertenecer a las huestes antisistema del Doctor Maligno, quieren que siga aumentando el paro entre los licenciados y rechazan la homologación de tÃtulos y las becas en el extranjero por pura perfidia burocrática.
Vaya, pues, por adelantado que el autor de estas lÃneas también encuentra deseables esos objetivos asà proclamados, y que si se tratase de ellos nada tendrÃa que oponer a la presente transformación de los estudios superiores.
Sin embargo, lo que las autoridades polÃticas no dicen -y, seguramente, tampoco la opinión pública se muere por saberlo- es que bajo ese nombre pomposo se desarrolla en España una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de las universidades -y ello no por razones cientÃficas, lo que acaso estuviera plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables- y a someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; una operación que, por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado de descomposición de las instituciones caracterÃsticas del Estado social de derecho y que concuerda con otros ejemplos financieramente sangrantes de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado a que estamos asistiendo últimamente.
Habrá muchos para quienes estas tres cosas (la disminución del espacio universitario, la desaparición de la autonomÃa académica frente al mercado y la liquidación del Estado social) resulten harto convenientes, pero es preferible llamar a las cosas por su nombre y no presentar como una “revolución pedagógica” o un radical y beneficioso “cambio de paradigma” lo que sólo es un ajuste duro y un zarpazo mortal para las estructuras de la enseñanza pública, asà como tomar plena conciencia de las consecuencias que implican las decisiones que en este sentido se están tomando. De estas consecuencias querrÃa destacar al menos las tres que siguen:
1. La “sociedad del conocimiento”. Este sintagma, casi convertido en una marca publicitaria que designa el puerto en el que han de desembarcar las actuales reformas, esconde en su interior, por una parte, la sustitución de los contenidos cognoscitivos por sus contenedores, ya que se confunde -en un ejercicio de papanatismo simpar- la instalación de dispositivos tecnológicos de informática aplicada en todas las instituciones educativas con el progreso mismo de la ciencia, como si los ordenadores generasen espontáneamente sabidurÃa y no fuesen perfectamente compatibles con la estupidez, la falsedad y la mendacidad; y, por otra parte, el “conocimiento” asà invocado, que ha perdido todo apellido que pudiera cualificarlo o concretarlo -como lo perdieron en su dÃa las artes, oficios y profesiones para convertirse en lo que Marx llamaba “una gelatina de trabajo humano totalmente indiferenciado”, calculable en dinero por unidad de tiempo-, es el dramático resultado de la destrucción de las articulaciones teóricas y doctrinales de la investigación cientÃfica para convertirlas en habilidades y destrezas cotizables en el mercado empresarial. La reciente adscripción de las universidades al ministerio de las empresas tecnológicas no anuncia únicamente la sustitución de la lógica del saber cientÃfico por la del beneficio empresarial en la distribución de conocimientos, sino la renuncia de los poderes públicos a dar prioridad a una enseñanza de calidad capaz de contrarrestar las consecuencias polÃticas de las desigualdades socioeconómicas.
2. El nuevo mercado del saber. Cuando los defensores de la “sociedad del conocimiento” (con Anthony Giddens a la cabeza) afirman que el mercado laboral del futuro requerirá una mayorÃa de trabajadores con educación superior, no están refiriéndose a un aumento de cualificación cientÃfica sino más bien a lo contrario, a la necesidad de rebajar la cualificación de la enseñanza superior para adaptarla a las cambiantes necesidades mercantiles; que se exija la descomposición de los saberes cientÃficos que antes configuraban la enseñanza superior y su reducción a las competencias requeridas en cada caso por el mercado de trabajo, y que además se destine a los individuos a proseguir esta “educación superior” a lo largo de toda su vida laboral es algo ya de por sà suficientemente expresivo: solamente una mano de obra (o de “conocimiento”) completamente descualificada necesita una permanente recualificación, y sólo ella es apta -es decir, lo suficientemente inepta- para recibirla. Acaso por ello la nueva enseñanza universitaria empieza ya a denominarse “educación postsecundaria”, es decir, una continuación indefinida de la enseñanza media (cosa especialmente preocupante en este paÃs, en donde la reforma universitaria está siguiendo los mismos principios seudopedagógicos que han hecho de la educación secundaria el conocido desastre en que hoy está convertida): como confiesa el propio Giddens, la enseñanza superior va perdiendo, como profesión, el atractivo que en otro tiempo tuvo para algunos jóvenes de su generación, frente a otros empleos en la industria o la banca; y lo va perdiendo en la medida en que el profesorado universitario se va convirtiendo en un subsector de la “producción de conocimientos” para la industria y la banca.
3. El ocaso de los estudios superiores. No es de extrañar, por ello, que el “proceso” -de un modo genuinamente autóctono que ya no puede escudarse en instancias “europeas”- culmine en el atentado contra la profesión de profesor de bachillerato que denunciaba el pasado 3 de noviembre el Manifiesto publicado en este mismo periódico: reconociendo implÃcitamente el fracaso antes incluso de su implantación, la administración educativa admite que los nuevos tÃtulos no capacitan a los egresados para la docencia, salida profesional casi exclusiva de los estudiantes de humanidades; pero, en lugar de complementarlos mediante unos conocimientos avanzados que paliarÃan el déficit de los contenidos cientÃficos recortados, sustituye estos por un curso de orientación psicopedagógica que condena a los profesores y alumnos de secundaria a la indigencia intelectual y supone la desaparición a medio plazo de los estudios universitarios superiores en humanidades, ya que quienes necesitarÃan cursarlos se verán empujados por la necesidad a renunciar a ellos a favor del cursillo pedagógico.
Todos los que trabajamos en ella sabemos que la universidad española necesita urgentemente una reforma que ataje sus muchos males, pero no es eso lo que ahora estamos haciendo, entre otras cosas porque nadie se ha molestado en hacer de ellos un verdadero diagnóstico. Lo único que por ahora estamos haciendo, bajo una vaga e incontrastable promesa de competitividad futura, es destruir, abaratar y desmontar lo que habÃa, introducir en la universidad el mismo malestar y desánimo que reinan en los institutos de secundaria, y ello sin ninguna idea rectora de cuál pueda ser el modelo al que nos estamos desplazando, porque seguramente no hay tal cosa, a menos que la pobreza cultural y la degradación del conocimiento en mercancÃa sean para alguien un modelo a imitar.
Este informe del Lisbon Council de Bruselas es lo más demoledor que ha aparecido hasta la fecha sobre el desastre educativo en España pero todavÃa se queda corto.
En cuanto al proceso de Bolonia es algo razonable, para igualar los contenidos de las titulaciones en la Unión Europea mejorando el nivel de calidad y, por lo tanto, la exigencia a profesores y alumnos. Colegas hace muy bien en apoyarlo.
Suspenso en ciencia, sobresaliente en diversión
El estudio del Lisbon Council deja en evidencia a la autoridades educativas españolas, uno de cuyos responsables se jactaba, en carta publicada en este periódico en abril, de que España fuera una primera potencia en el universo de las becas Erasmus “por el excelente trabajo de nuestras universidades”. Un vistazo superficial al ránking Erasmus publicado por la Comisión Europea con motivo del vigésimo aniversario del programa parecÃa dar la razón al funcionario, deslumbrado por el hecho de que hubiera trece universidades españolas entre las 20 primeras de la UE que más estudiantes atrajeron en el curso 2004-2005. La de Granada, la Complutense y la de Valencia ocupaban el podio en esa clasificación.
La realidad es más rica, más compleja y, lamentablemente, nada gratificante, como viene a confirmar el Lisbon Council. Hay muchas listas de evaluación de universidades por todo el mundo (y muchas crÃticas a ellas, de las que no se escapará la metodologÃa de este último trabajo bruselense) pero el Ránking Mundial de Universidades en la Web elaborado por el Laboratorio de CibermetrÃa del Consejo Superior de Investigaciones CientÃficas (CSIC), el mayor centro nacional de investigación de España) da una imagen muy distinta de la situación de nuestra universidad en el concierto europeo y mundial a la autocomplaciente que trasmitÃa Emilio GarcÃa Prieto en su calidad de director del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.
No hay ninguna universidad española entre las 50 primeras de la relación correspondiente a Europa elaborada por el CSIC y sólo siete (Complutense, Sevilla, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Granada y Politécnica de Valencia) se hallan entre las 100 primeras. Su paupérrimo orden continental (52, 57, 62, 75, 80, 90 y 95) cae a un estremecedor 173, 185, 196, 224, 236, 255 y 269, respectivamente, si se tiene en cuenta el orden global.
Lo que apunta el estudio del Lisbon Council es que más allá de las declaraciones polÃticas lo que hace falta en España es una visión realista del desafÃo a que se enfrentan el paÃs y su universidad en un mundo crecientemente globalizado y competitivo en el que ciencia, investigación e innovación son motores económicos de primera magnitud. DesafÃo que no debe mezclarse ni confundirse con el ránking de las lógicas expectativas de satisfacción personal y disfrute de los universitarios europeos que con Erasmus quieren vivir en España una experiencia sin precedentes que atesorarán el resto de sus dÃas.
Mucho se ha discutido sobre si procede o no hablar de privatización para referirse al proceso de cambio que está viviendo la educación superior europea. Por un lado están quienes afirman que el Proceso de Bolonia es un proceso separado de la privatización de servicios públicos a la que asistimos en los últimos años; y por otro, quienes denunciamos la relación entre ambas realidades.
En este artÃculo trataremos de definir qué entendemos por privatizar, cómo afecta esto a la universidad y en qué medida está ligado al famoso Proceso de Bolonia.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que se ha denominado “Proceso de Bolonia� va más allá de las declaraciones de los Consejos de Ministros de la Unión. El Espacio Europeo de Educación Superior ha sido estructurado no sólo por las renombradas declaraciones bianuales (Sorbona, Bolonia, Bergen, Praga…), sino también por otros acuerdos tomados por los Consejos y desarrollados en comunicaciones de la Comisión (órgano ejecutivo de la UE). [El Proceso de Bolonia no puede ser considerado al margen de la privatización de los servicios públicos y de la reforma del modelo social europeo. Las sucesivas declaraciones de los Consejos de Ministros de la UE han sido paralelas a acuerdos sobre la necesidad de aumentar la financiación privada de la universidad y su coordinación con el mundo empresarial. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como “Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa� (COM (2002) 779) o «Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación»(COM (2006) 481).
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas de la educación superior pasa por la financiación privada. El modelo de financiación toma como referencia el sistema estadounidense que, aun presentando un gasto similar, incluye niveles mucho más altos de inversión privada. Asà pues, para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un ; además, hay que . Pero para garantizar el acceso a los estudiantes menos pudientes se precisa . La educación pasa de ser un derecho a ser una inversión individual. En el Estado español esto se ha concretado en la creación de las eufemÃsticamente llamadas “becas-préstamoâ€?.
Sin embargo, tanto en los defensores como en los detractores de Bolonia encontramos cierta reticencia al empleo del término privatización . Algunos de los “detractores�, por ejemplo, han insistido en hablar de “mercantilización�. Es posible que esta precaución provenga de cierta moda intelectual, pero “mercantilización� es una palabra ambigua y poco contundente.
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando el servicio a ser asumido directamente por una empresa. Esto serÃa un modelo de privatización puro o total. Sin embargo, en sentido estricto, la privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio “públicoâ€?. La privatización puede definirse como “la reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadasâ€?. [En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización ampliamente extendidos en la administración pública (si es que aún se le puede llamar asÃ) y, de forma especial, en la educación universitaria española y europea:
1.La introducción de competitividad en los servicios públicos a través de la subcontratación de estos servicios a empresas privadas (copisterÃas universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) o bien mediante técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de la autoridad pública. Ejemplo de ello son las Cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados), o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes).
3.Colocar a la Administración como un actor más en el mercado. Aquà podrÃamos incluir la proliferación de universidades y tÃtulos privados, aunque este ámbito está poco desarrollado ya que el sector educativo se encuentra aún dominado por entidades estatales.
Por tanto, no estamos ante un servicio que era público y que va a ser privatizado. Estamos ante un servicio que ya estaba siendo privatizado, tendencia que es legitimada y acelerada por el Proceso de Bolonia. En este sentido, son casos flagrantes los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU.
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogÃa en el artÃculo 32 de la LOU; también en las sucesivas declaraciones de “Boloniaâ€? (Sorbona, Bolonia, Praga, BerlÃn, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, esta fundación estatal tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio; si un plan no supera su veredicto, pierde su validez. Pues bien, según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo “académico, profesional y empresarialâ€?.
Otra de las funciones de la ANECA es la selección del profesorado. En sus “Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación� leemos que algunos de los criterios son: “Méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración�, “Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones u organismos� o “Patentes y productos con registro de propiedad intelectual�.
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artÃculo 14 de la LOU como “el órgano de participación de la sociedad en la universidadâ€?. Tienen importantÃsimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social sólo incluye 6 miembros de la comunidad universitaria (Rector, Secretario General, Gerente, un profesor, un alumno y un miembro del PAS). El resto son “personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y socialâ€? designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayorÃa de ellos han sido polÃticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con miembros que son empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas; y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc.
La creciente presencia del empresariado en la universidad quedó constatada hace unos meses, cuando el gobierno transfirió las competencias universitarias del Ministerio de Educación al recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación (RD 432/2008); este ministerio está liderado por Cristina Garmendia, importante empresaria que proviene de la Junta Directiva de la CEOE.
Aparte de la creciente presencia de actores privados en órganos de dirección, hay que fomentar, como dicen la Comisión y el Consejo europeos, la financiación y gestión privada. AsÃ, por ejemplo, en los nuevos Master se está aplicando la doctrina del equilibrio entre costes y precios del servicio, lo cual explica sus precios prohibitivos. Tampoco deja de ser significativa la proliferación de personal laboral precario (y de personal becario) en la docencia y en los servicios universitarios. La seguridad laboral y las condiciones de trabajo pasan a un segundo plano. Por otro lado, la asociación entre el mundo empresarial y el universitario queda bien plasmada en las Cátedras- empresa.
Por suerte aún no hemos asistido a un proceso de privatización total de la universidad, como ocurriera con Telefónica o Iberia. El mercado no acudirá donde no pueda obtener grandes beneficios. Lo preocupante es que esté absorbiendo todo aquello de la universidad que es rentable desde el punto de vista económico (dejando en manos del Estado lo que no lo es).
Lo que se viene produciendo supone, en suma, un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública. Estamos ante un proceso que se inició, y no por casualidad, después de la Declaración de Bolonia de los ministros europeos de educación en 1999. En el Estado español, vino a reflejarse en la LOU, estableciéndose una estructura que, desde entonces, los sucesivos reales decretos se han encargado de rellenar.
Pedir que la educación pública no retroceda no es ninguna reivindicación revolucionaria, sino una simple defensa de lo que fuera el Estado de bienestar, resultado de duras luchas sociales. No idealizamos la “universidad pública� tal y como se ha entendido hasta ahora, mucho menos la consideramos ajena al mercado. Sà entendemos, en cambio, que hay que poner freno al avance de una privatización que restringe el acceso a la educación superior, recorta derechos laborales, suprime áreas de conocimiento no directamente rentables para las empresas, imposibilita compaginar la vida laboral y el estudio, promueve la eficiencia económica por encima de las necesidades y aspiraciones colectivas; una privatización que, en definitiva, considera el derecho a la educación una inversión individual y un negocio más del que extraer beneficios.
Patricia GarcÃa y Manuel M. Navarrete son representantes estudiantiles en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Sevilla respectivamente
Notas :
[1] Por citar sólo algunos ejemplos significativos de entre los muchos documentos de la Comisión Europea:
* Conclusiones de la Presidencia del Consejo europeo de Lisboa 2000.
* «Educación y Formación 2010» de la Dirección General de Educación.
* Comunicación de la Comisión de 20 de abril de 2005 - Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa [COM (2005) 152 final - no publicada en el Diario Oficial].
* .
* Europa [COM (2002) 779 final].
* «Aplicar el programa comunitario de Lisboa: Fomentar la mentalidad empresarial mediante la educación y la formación» [COM (2006) 33 final - no publicada en el Diario Oficial]. Febrero de 2006.
[2] Citado en Gomá y Brugué, Algunas Matizaciones en relación a la privatización de los servicios públicos. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 8, UCM, 1996 (págs. 15, 16
Si los órganos de gobierno universitarios estuvieran copados por la izquierda radical, Bolonia no estarÃa en proceso en toda España.
Menos panfletarismo-victimismo, por favor. Un poco más de argumentación.
Creo que ahora mismo, en España, la expresión “izquierda radical” es de esas expresiones que más que definir al elemento de la oración al que supuestamente va referida, define al emisor que la utiliza.
Yo en cuanto la veo, dejo de leer. Para qué.
Ex Fer
Yo mas que izquierda radical lo definiria como izquierda fanatica
Más bien, Izquierda agonizante (véase IU con la banda de los cinco)…
¿Pero la Universidad Publica en España sirve para algo más que para faricar parados? Bueno y para meter a trabajar a los amiguetes
Estoy de acuerdo con la presencia de la izquierda fanática en los puestos de gobierno universitarios: el anterior rector de la de Cantabria se postuló para senador por el PP. Uno de los actuales vicerrectores ha sido consejero popular en la Rioja … Ya te digo: lleno de rojos.
En lo que respecta al EEES, aquà y en los demás paÃses se trata, a mi modo de ver, de un golpe mortal a la propia esencia de la Universidad. Obliga en la práctica a los diferentes estudios a someterse a los dictados pragmáticos del mercado de trabajo, eliminar contenidos transversales y fundamentales y, en consecuencia, generar titulados especializados sin capacidad de reacción ante nuevos problemas ni de diversificación en sus opciones. Si “Bolonia” triunfa, ya no tendremos universitarios, sino ciclos formativos de tercer grado.
¿Será que hay una mano negra intentando que nuestras cabezas dejen de funcionar? Cada vez me lo pregunto más seriamente.
Saluducos.
No creo que éste sea el foro para debatir sobre el EEES y el llamado proceso de Bolonia, que tiene sus luces y sombras pero que no comparto esa visión catastrofista del mismo. Es una oportunidad para mejorar que a mi modo de ver no tiene nada que ver con esos lemas demagógicos que están utilizando sus detractores, del tipo: “la universidad se privatiza” y “se acaban las becas”. Pero, como digo, es un debate para otro lugar.
Por eso creo que el titular no es acertado. El titular de la noticia deberÃa de incidir en la presencia de Colegas en la presentación de una asociación universitaria conservadora en sede de la Universidad Católica de Valencia, que precisamente no es un espacio que dé la bienvenida a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Sobre si la dicha asociación es favorable o no al proceso es una cuestión menor en este caso. Hay otras asociaciones de estudiantes que no están vinculadas al PP y que, aunque crÃticas, apuestan también por el cambio en la universidad española.
Me parece muy oportuno debatir aquà todo lo referente al desastre de la educación pues, no nos olvidemos, los homosexuales somos de los más afectados por ese desastre dado que se mantienen, décadas tras décadas los prejuicios (y el que crea que una asignatura devaluada se va a mejorar algo es que se lo cree todo).
Por eso, aplaudo que una organización gay, como Colegas apoye el proceso de Bolonia, un esfuerzo de la UE para racionalizar la educación universitaria, totalmente en declive en España (curiosamente, de forma paralela a Izquierda Unida).
perdona moncho la educacion esta en declive pero con este plan se evitará que la gente con menos recursos economicos pueda acceder a una universidad, con lo cual se les coartaá su derecho a una educaciójn superios
gis: ¿y para qué quiere nadie ir a una universidad (con beca o sin beca) que no forma universitarios y que se limita a repartir tÃtulos que ya no tienen el menor valor en las empresas?