Dos manzanas

El Gobierno de Hungría ha cumplido su promesa y ha presentado al Parlamento de su país un proyecto de ley de parejas específico para regular las uniones homosexuales, después de que el pasado diciembre el Tribunal Constitucional húngaro declarase inconstitucional una ley anterior, aprobada por el Parlamento, que otorgaba muchos de los derechos de los que gozan las parejas casadas a las parejas de hecho tanto homo como heterosexuales.

El Tribunal argumentó que el hecho de otorgar a las parejas heterosexuales no casadas ciertos derechos de los que gozan las parejas casadas “desvirtuaba” la institución matrimonial. Curiosamente, el propio Tribunal reconoció que una ley exclusiva para parejas homosexuales no sería inconstitucional, al no permitírsele a éstas contraer matrimonio, por lo que el Gobierno se comprometió a elaborar una ley en ese sentido. Para las parejas de hecho heterosexuales se crea simplemente un registro.

La aprobación de la nueva ley no está, en cualquier caso, asegurada, ya que el Gobierno húngaro no cuenta con el respaldo de una mayoría absoluta de la cámara al haber perdido el apoyo de los liberales. Por otra parte, algunos parlamentarios que votaron a favor de la anterior ley de parejas lo hicieron argumentando que favorecería básicamente a parejas heterosexuales. Se desconoce que sentido tendrá ahora su voto.

La próxima introducción del carnet de identidad en el Reino Unido, cuyos ciudadanos carecían hasta ahora de dicho documento, vuelve a poner sobre la mesa la situación registral de las personas transexuales en ese país. Los colectivos transexuales ya han mostrado su seria preocupación ante las directrices anunciadas por el Gobierno y han solicitado que sean modificadas.

A día de hoy, las personas transexuales figurarán en dicho documento identificadas como pertenecientes al sexo que se les asignó en el momento del nacimiento, a menos que hayan obtenido el certificado de reconocimiento de género. A aquellas que lo deseen se les permitirá disponer de un segundo carnet de identidad. Ambos recogerán el nombre oficial de la persona, pero en un caso se identificará como hombre y en el otro como mujer (o viceversa). El segundo carnet, sin embargo, no sustituye al primero, que será el único válido a efectos, por ejemplo, de viajar por la Unión Europea.

Las personas transexuales que quieran disponer de un único carnet de identidad plenamente válido que recoja su verdadera identidad sexual deberán haber obtenido, como ya hemos dicho, el certificado de reconocimiento de género. Se trata de un procedimiento regulado por la Gender Recognition Act, una ley que entró en vigor en 2005 y que, de manera similar a la ley española, exige un periodo previo de de dos años de identificación con el sexo requerido, sin necesidad de la existencia de cirugía de reasignación. Sin embargo, ni siquiera este trámite supondrá una rectificación total y absoluta, ya que la base de datos del carnet de identidad que el Gobierno británico ha preparado seguirá recogiendo como dato el sexo que fue asignado en el momento del nacimiento incluso en las personas que hayan obtenido dicho certificado.

La introducción del carnet de identidad en el Reino Unido ha estado precedida de una gran polémica y cuenta con la oposición de grupos de derechos civiles. Por el momento su solicitud es voluntaria, aunque será obligatoria para todos aquellos que quieran obtener un pasaporte. Muchos prevén, de hecho, que a medio plazo se convierta en un trámite obligatorio para todos.

Según informa Europa Press, el Ministerio de Defensa estaría “ultimando” la revisión del cuadro médico de exclusiones que actualmente impide a los varones transexuales que carecen de órganos genitales masculinos ingresar en el Ejército, tal y como le ha sucedido a Aitor G.R.. La modificación se aprobaría mediante una orden ministerial a finales de mes.

El portavoz de Defensa ha indicado que el cambio del cuadro médico de exclusiones será de aplicación desde “el mismo día” en que se apruebe la orden, de tal modo que el ciclo de reclutamiento profesional que esté entonces en vigor tendrá que atenerse ya a la nueva normativa. Señaló además que la reforma del cuadro médico no sólo se refiere a este aspecto, sino que tiene un carácter “global” y ha sido desarrollada durante varios meses por especialistas médicos del Ejército.

El cumplimiento de este plazo permitiría que casos como el de Aitor ya no se produzcan desde el presente ciclo de reclutamiento, el segundo de las once convocatorias que se realizarán a lo largo de 2009 y para el que, según Defensa, se podrán presentar solicitudes de plaza hasta el próximo 4 de marzo.

Por otra parte, el secretario de movimientos sociales del PSOE, Pedro Zerolo, ha querido expresar su reconocimiento público a la “valentía” demostrada en este caso por Aitor, manifestando que comparte su “desesperación”. En declaraciones a Europa Press, Zerolo apoyó la voluntad de Aitor de volverse a presentar a las pruebas y se mostró convencido de que el Ministerio de Defensa “va a asumir el compromiso adquirido en su momento de solucionar este impedimento” con el objetivo de que estas situaciones “no se vuelvan a repetir”.

COLEGAS, preocupada por los plazos, pide una solución excepcional

La confederación COLEGAS, en un comunicado hecho público hoy, manifiesta también su total apoyo a Aitor. COLEGAS recuerda que en su momento felicitó a Defensa por su promesa de cambio de la normativa y manifiesta su “amarga sorpresa” porque ésta no se haya cumplido.

Por lo que se refiere al anuncio de que a finales de mes estará lista la reforma del reglamento, COLEGAS recuerda que el límite de edad para acceder al Ejército está en 29 años, edad que Aitor cumple el próximo 2 de Marzo, mientras que “la nueva solicitud de pruebas puede presentarse a partir del 4 de marzo, con lo que por sólo 48 horas no podría presentarse”. Desde COLEGAS se pide a Defensa que en este caso “se haga una excepcionalidad” y se aplique retroactivamente la nueva legislación, “por motivos humanitarios y como muestra del coraje, la determinación, y la lucha contra la discriminación y por la inclusión en las Fuerzas Armadas de este ciudadano español”.

Nota de dos manzanas

Ante la discordancia entre la información procedente de Defensa y la nota de COLEGAS sobre los plazos, hemos acudido directamente a la web del Ejército para hacer la pertinente comprobación. Efectivamente, Defensa tiene razón en que las solicitudes se pueden presentar “hasta” y no “a partir” del 4 de marzo. Sin embargo, la propia información de la web señala que el requisito de edad para ingresar en el Ejército es “tener cumplidos 18 años de edad y cumplir, como máximo, 29 años el día de incorporación al Centro Docente Militar de Formación correspondiente”, por lo que la petición de COLEGAS de que se considere la excepcionalidad del caso seguiría teniendo sentido.

Aitor G.R., el joven transexual que fue declarado “no apto” para ingresar en el Ejército por carecer de pene y testículos, ha vuelto a presentarse hoy en Córdoba a las pruebas de selección, tal y como adelantó a Europa Press el propio interesado. Su esfuerzo ha sido en balde, al no haberse modificado todavía la correspondiente orden ministerial.

Aitor había manifestado su esperanza de que “con todo el revuelo armado en su día” hoy no se le aplicara la exclusión. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa mantiene vigente, dentro del cuadro médico de exclusiones para los varones a la hora de ingresar en el Ejército, la “falta total de pene” y la “pérdida, ausencia o atrofia de ambos testículos”. Se trata de una exclusión que ignora por completo la realidad transexual y que, en cualquier caso, ha quedado hoy día completamente obsoleta. Sin embargo, la correspondiente orden ministerial todavía no ha sido modificada, tal y como se denunciaba hace pocos días desde el área de transexuales de la FELGTB.

Aitor, sin embargo, no piensa darse por vencido. “Voy a volver a intentarlo una y otra vez. Si a la tercera no va la vencida, será a la cuarta o a la quinta”, ha dicho. Para la activista transexual Carla Antonelli el asunto “es una vergüenza”. “El Ministerio de Defensa ha jugado con los sentimientos y las ilusiones de una persona y ha prometido cosas que es incapaz de cumplir”, ha dicho.

La FELGTB exige a Defensa que actúe sin más dilación

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha hecho público un comunicado esta misma tarde en el que exige a Defensa que modifique ya la orden ministerial. Para la FELGTB, “la discriminación, a todas luces inadmisible, de Aitor G.R., no sólo contradice a la Constitución y a los principales textos de Derecho internacional en materia de derechos humanos, sino al espíritu de la Ley de Identidad de Género que reconoce a las personas transexuales su identidad de género sin necesidad de operación, y que fue aprobada por este mismo Gobierno en 2007″. “La obstinación de Defensa es aún más sangrante desde el momento en que el propio Ministerio reconoció el pasado mes de julio, a través de la subsecretaria María Victoria San José, que esta exclusión en base a una normativa que data de 1989 es absurda”, continúa el comunicado.

“No sólo es absurda”, ha declarado Martín Berenguer, coordinador del área de transexuales de la FELGTB, “sino que socava el derecho al trabajo de los afectados, algo muy grave en los tiempos que corren, y por ello exigimos al Ministerio de Defensa que modifique de una vez el cuadro médico de exclusiones y garantice de verdad iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público a todas las personas transexuales”.

Según ha determinado un juez de Nueva Jersey, una pareja de lesbianas que en 2004 contrajeron matrimonio en Canadá puede tramitar su divorcio en dicho estado de los Estados Unidos. Más allá de otras consideraciones, la decisión judicial constituye un antecedente muy relevante, ya que supone que el estado de Nueva Jersey reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera del estado, incluso en otros países (aunque sea simplemente a la hora de tramitar su divorcio).

La decisión judicial contrasta con lo que sucede en Texas, estado que se niega a tramitar el divorcio de una pareja casada hace años en Massachusetts ya que eso supondría reconocer un matrimonio que para el estado de Texas es inexistente.

Se da la circunstancia de que Nueva Jersey, que permite las uniones civiles pero no el matrimonio entre personas del mismo sexo, podría convertirse en uno de los próximos estados de Estados Unidos en autorizarlo, si prosperan las iniciativas políticas que se están planteando en este momento.

El presidente nacional del colectivo LGTB italiano Arcigay participó ayer en la concentración silenciosa promovida por el Partido Radical italiano en Catania a favor de que la voluntad de Eluana Englaro sea respetada, así como para mostrar su solidaridad a la familia. Englaro, que lleva 17 años en estado vegetativo, había manifestado a su familia que en caso de verse en esa situación no quería que se le aplicaran medidas para prolongar artificialmente la vida, tal y como quedo suficientemente demostrado en los tribunales. Pese a ello, la presión de la iglesia católica y de buena parte de la clase política italiana, con el primer ministro Silvio Berlusconi a la cabeza, lleva semanas impidiendo que la voluntad de Eluana finalmente se respete.

Días atrás, por fin, los médicos han comenzado el protocolo de retirada de la nutrición e hidratación de Eluana, cuya muerte natural debería producirse en los próximos días. Pese a que Berlusconi dictó un decreto urgente para impedirlo, el presidente Giorgio Napolitano se negó a firmarlo. Berlusconi intenta ahora aprobar una ley por vía parlamentaria que supere el veto presidencial y obligue a reinstaurar las medidas que mantienen con vida a Eluana.

El colectivo Arcigay, en línea con su defensa de la laicidad del estado italiano y en contra de la injerencia de la iglesia católica en la vida de las personas que no comulgan con sus postulados, no ha dudado en tomar partido y posicionarse en un tema que divide profundamente a la sociedad italiana.

Tal y como en noviembre adelantábamos en dos manzanas, Vermont, en Nueva Inglaterra, puede convertirse en uno de los próximos estados de Estados Unidos en autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El pasado jueves fue presentado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, a iniciativa de dos representantes demócratas, Mark Larson y David Zuckerman. Cuenta con el apoyo explícito de 59 legisladores, todos demócratas. Algunos legisladores republicanos, además, podrían apoyar el proyecto durante su tramitación parlamentaria.

Vermont fue ya el primer estado de la unión en aprobar en el año 2000 una ley de uniones civiles que otorga a las parejas del mismo sexo muchos de los beneficios de los que gozan las parejas casadas.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el proyecto es el hecho de que Vermont tiene en estos momentos un Gobernador republicano, Jim Douglas. Douglas ya ha manifestado que en su opinión “la ley de uniones civiles es suficiente” pero no ha querido pronunciarse sobre si utilizará su derecho de veto en caso de que las cámaras legislativas, controladas por los demócratas, lo aprueben. Es más, aunque el Gobernador ejercitara su derecho a veto, éste podría ser levantado por una mayoría cualificada de las cámaras. Seguiremos, por tanto, muy atentos a la evolución del tema…

Las autoridades británicas han anunciado su intención de deportar a un demandante de asilo de nacionalidad iraquí, que alega que su vida corre peligro en su país por el hecho de ser gay. El argumento utilizado para ello es que en su primera solicitud de asilo, que data de 2001, el demandante no había mencionado su homosexualidad. Pero no es el único argumento. Según la agencia británica de fronteras, si realmente el demandante de asilo es gay, en Irak siempre estará a salvo si mantiene su homosexualidad en “privado”.

“Incluso si se estableciera la homosexualidad de su cliente, sería posible para él mantener sus relaciones en privado cuando vuelva a Irak”, dice la agencia en un documento dirigido a los abogados del demandante. Las organizaciones LGTB han mostrado ya su indignación. Según informa el colectivo Iraqi LGTB, con base en Londres, más de 430 homosexuales habrían sido asesinados en Irak desde 2003. La violencia contra los homosexuales en aquel castigado país se habría intensificado además desde 2005, cuando una de las mayores autoridades religiosas de Irak, el gran ayatollah Ali Sistani, dictó una “fatwa” aconsejando asesinar a gays y lesbianas “de la peor forma posible”.

Ante la polémica desatada, la deportación, que debía haberse producido esta semana, se encuentra por el momento detenida. Asesores de inmigración han pedido de hecho al Gobierno británico que reconsidere el caso.

Ya hay fecha para que la Corte Suprema de California escuche a las partes antes de decidir si el referéndum que aprobó la Proposición 8, una enmienda a la Constitución del estado que prohibe el matrimonio entre personas del mismo sexo, es o no válido. Será justo dentro de un mes, el próximo 5 de marzo, cuando la Corte Suprema conozca de primera mano sus argumentos.

La discusión jurídica se basa en si la prohibición de contraer matrimonio a gays y lesbianas es una simple enmienda (es decir, un añadido que no afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en el “núcleo duro” de la Constitución) o si por el contrario supone una auténtica reforma constitucional que sí afecta a los derechos fundamentales. En este último caso el resultado no sería válido, al haberse tratado de un referéndum convocado a través de recogida de firmas sin el apoyo de las cámaras legislativas del estado, procedimiento que sólo es válido para introducir enmiendas de importancia menor.

Del lado de los que consideran que la aprobación de la Proposición 8 es ilegal se encuentran no sólo los defensores de los derechos civiles de gays y lesbianas, sino el propio Fiscal General del estado, Jerry Brown. El mismo Gobernador del estado, el republicano Arnold Schwarzenegger, se mostró en su momento convencido de que la Corte Suprema acabará fallando a favor del derecho de gays y lesbianas a casarse.

La Corte Suprema deberá decidir también que pasa con los aproximadamente 18.000 matrimonios entre personas del mismo sexo ya celebrados en California, en caso de que se considere finalmente que la prohibición es acorde a la ley.

Según noticia servida por Europa Press, de la que se hace eco 20minutos, la administración española ha denegado conceder asilo a una camerunesa perseguida en su país (incluso llegó a ser detenida por la policía, siendo liberada tras ‘retractarse’ de su lesbianismo después de repetidas vejaciones) tras ser denunciada por su familia por su condición de lesbiana. Según cuenta la joven, su pareja y ella decidieron huir, primero a Marruecos y desde allí a España. Desgraciadamente su pareja, que viajó en primer lugar, falleció durante la travesía. Al quedar ella sola en Marruecos y sin recursos económicos, se vio obligada a ejercer la prostitución, a consecuencia de lo cual quedó embarazada. Ahora el instructor le ha denegado el asilo en España al considerar que no la persecución a la que fue sometida por su orientación sexual no ha quedado demostrada y argumentando que su condición de ‘embarazada’ (ahora ya es madre de una niña de dos meses) era incompatible con el hecho de ser lesbiana.

La asociación COLEGAS ha emitido una nota de prensa en la que exponen la situación de esta mujer y se solidarizan con ella, planteando además la necesidad de una política exterior europea común, ‘que pueda extender la aplicación universal de los derechos humanos a todos estos países, presionando con las ayudas de cooperación internacional y si es necesario con un bloqueo económico”. Colegas, continúa el comunicado, ‘solicita al gobierno español y al resto de países de la Unión Europea que ofrezca el estatus de asilo político por causa de orientación sexual para los gays y lesbianas de países africanos como Gambia, Zimbawe, Camerún y otros similares donde la homofobia de estado campa a sus anchas. En sintonía con el nuevo Plan de Derechos Humanos presentado por el gobierno español, la condición de asilado por orientación sexual debe aplicarse generosamente, así como facilitar la reunificación familiar de parejas de gays y lesbianas’.

Fe de erratas (06/01/2009): en un primer momento, dos manzanas se hizo eco de la información tal y como la recogió el diario “20 minutos”, que mencionaba a un “juez”. Con posterioridad hemos comprobado que el informe que justifica la denegación de asilo es obra, no de un juez, sino del instructor del expediente, dependiente de la administración, tal y como recoge la noticia de Europa Press. Desde dos manzanas os pedimos perdón por el equívoco.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el partido de Rosa Díez, publica en su página web un artículo titulado “La realidad y sus límites”, firmado por Javier Martínez Gracia, miembro del Comité Electoral Provincial de dicho partido en Burgos. En dicho artículo se defiende la actuación del juez Fernando Ferrín Calamita, se critica la actual legislación española, que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las de las parejas heterosexuales, se pone en duda el carácter de familia de las familias homoparentales y se denuncia que “lo políticamente correcto” se haya “establecido con tal fuerza en el tema de los matrimonios homosexuales”.

El artículo, que se mantiene en la web de la UPyD desde hace quince días, hace una lectura de la actuación del juez Calamita similar a la de los medios más conservadores. Para Martínez, lo que Calamita hizo en la práctica fue simplemente “pedir un informe sobre la eventual idoneidad de la mujer solicitante para llevar a efecto la adopción; y, a la espera de lo que decida finalmente el Tribunal Supremo, no parece que, siendo rigurosos, se pueda inferir que, matiz arriba o matiz abajo, se saliera de los márgenes de la ley…”. “El caso es que la condena supone de hecho la expulsión del juez Calamita de la carrera judicial, un resultado que se hace difícil pensar que es proporcionado al supuesto daño causado…”. “Si concluimos que con esa sentencia se ha incurrido en un exceso, y yo lo hago, acto seguido tocaría preguntarse qué se esconde detrás de un castigo tan extemporáneo”. Martínez cree que “procede interpretarlo como un escarmiento institucional para que las nuevas realidades que trae consigo la ley de parejas homosexuales dejen de encontrar obstáculos”.

Y es que, para este dirigente local de la UPyD, una cosa es que no deban existir diferencias entre las parejas homosexuales y las heterosexuales “en cuanto a la generación de derechos de protección social de un miembro de la pareja hacia el otro”, y otra muy distinta que una pareja homosexual se pueda considerar “núcleo germinal de una unidad familiar”. Según Martínez eso supone aceptar la idea de que “padre” y “madre” son conceptos culturales no necesariamente vinculados al hecho biológico de la masculinidad y la feminidad, idea que según él “se ha introducido de manera insidiosa en la opinión pública camuflándose como propia de una mentalidad progresista”.

Tras una alambicada disquisición filosófica sobre las relaciones entre la realidad y el lenguaje, Martínez va al meollo del asunto y afirma literalmente que “de una pareja homosexual no pueden salir un ‘padre’ y una ‘madre’ sólo porque ellos lo decidan así. No niego que, dado el caso, puedan atender adecuadamente a un niño huérfano; pero tampoco lo harían necesariamente mal la tía soltera del niño, su hermano mayor o incluso una institución benéfica. En ninguno de esos casos, sin embargo, estaríamos hablando del esquema familiar propiamente dicho y de sus modelos identitarios, que es a lo que ese niño huérfano debería poder optar para empezar, aunque la ley –que mientras esté vigente, hay, sin duda, que respetar– diga lo contrario”.

Hace pocos días contábamos como la entrega en adopción de dos niños a una pareja gay en Escocia en contra de la opinión de sus abuelos biológicos había desencadenado una furibunda reacción por parte de la iglesia católica escocesa. La polémica, lejos de remitir, se ha convertido en asunto estrella para los medios de comunicación británicos, algunos de los cuales no dudan en presentar a los abuelos como “víctimas”. Stonewall, la organización de defensa de los derechos civiles LGTB, ha manifestado ya su profunda preocupación por el tono francamente homófobo de algunas informaciones.

Algunas voces piden que se reconsidere la adopción y se retire la custodia de los dos hermanos (un niño de cinco años y una niña de cuatro) a la pareja gay, que fue considerada por los servicios sociales como la opción más favorable para el bienestar de los niños, y se conceda a sus abuelos biológicos, que en un principio aceptaron la adopción, que incluye además un régimen de visitas para ellos. Ahora los abuelos dicen que “sus deseos no fueron respetados” y que se les amenazó con no ver a sus nietos si se oponían. Según declaraciones de la abuela, “si hubiéramos sabido que los trabajadores sociales escogerían un hogar sin una madre para ellos y que, si eso no nos gustaba, significaba que no los podríamos ver más, no nos hubiéramos rendido”.

La madre biológica, una adicta a la heroína que en su momento entregó a los niños en adopción, también se ha manifestado en contra. A pesar de “no tener nada contra los gays” ha manifestado que “bajo ninguna circunstancia quiero que mis hijos crezcan con una pareja gay. Quiero que tengan un padre y una madre”. “No me pueden decir que, en un radio de 60 millas, los únicos que encontraron para cuidar de mis hijos fueron dos hombres”, ha añadido.

Diferentes empresarios, abogados y la propia iglesia católica escocesa han organizado ya un movimiento de apoyo financiero a los abuelos biológicos de los niños. De hecho, un multimillonario anónimo ya se habría ofrecido a sufragar íntegramente el coste de la batalla legal, que se prevé dura. La legislación británica anti-discriminación impide discriminar a gays y lesbianas a la hora de adoptar. Ni siquiera las agencias católicas de adopción pueden hacerlo, una vez vencido el plazo de dos años que las autoridades les dieron para que se acomodaran a la nueva situación.

Un portavoz de la iglesia católica de Escocia, Peter Kearney, ha afirmado que “existe una evidencia abrumadora de que las relaciones entre personas del mismo sexo son intrínsecamente inestables y reducen la esperanza de vida”. El comentario fue hecho como reacción al caso de dos niños, hijos de una adicta a la heroína que los dió en adopción, y que han sido entregados a una pareja gay en lugar de a sus abuelos. Los servicios sociales consideraron que la pareja les ofrecía un entorno familiar más seguro y estable, mientras que a sus abuelos no los consideraron capacitados para hacerse cargo de los niños.

Kearney afirmó que se trataba de “una decisión devastadora que tendrá un gran impacto en el bienestar de los niños”. Y es que a pesar de las presiones de la iglesia católica, las autoridades británicas han permanecido firmes a la hora de aplicar la ley, que en Gran Bretaña permite a las parejas del mismo sexo adoptar incluso desde antes de que se aprobara la vigente ley de uniones civiles. De hecho, las agencias católicas que gestionan los procesos de adopción en aquel país ya no pueden discriminar a gays y lesbianas, tras finalizar en enero el periodo transitorio de dos años que se les había concedido para acomodarse a la nueva situación tras la aprobación de una legislación antidiscriminación.

En otro orden de cosas, Stonewall, organización británica que lucha por los derechos civiles LGTB, ha mostrado su gran preocupación por el tono homófobo con el que algunos medios de comunicación británicos están tratando el caso de estos niños.

La iglesia católica de Escocia se ha caracterizado especialmente por su fuerte oposición a los derechos de las personas LGTB. No hace mucho el obispo de Motherwell, Jim Devine, criticaba el hecho de que gays y lesbianas participaran en actos en memoria del Holocausto ya que, según afirma, lo hacen “para fomentar la imagen de que son un grupo que ha sufrido persecución”.

Importantísimo avance para los derechos de las personas LGTB en Latinoamérica. Tras fracasar hace casi dos años un proyecto de ley para reconocer las parejas del mismo sexo, ahora la Corte Constitucional de Colombia ha dictado una resolución por la que obliga a modificar 42 disposiciones contenidas en al menos 20 leyes para dar protección a las personas homosexuales y reconocer jurídicamente sus parejas.

Las parejas del mismo sexo, por ejemplo, podrán adquirir vivienda y protegerla como patrimonio familiar inembargable. También podrán declararse beneficiarios de seguros y solicitar pensión alimenticia. Si la pareja es extranjera podrá reclamar nacionalidad colombiana en las mismas condiciones de una unión heterosexual. En materia penal, las personas homosexuales no podrán ser obligadas a declarar contra su pareja. La decisión también implica obligaciones, como no malversar los bienes de la unión familiar. También se les aplicarán los agravantes penales contemplados para los casos de violencia intrafamiliar. En todos los casos, debe haber un reconocimiento legal a través de las notarías.

Para la asociación LGTB Colombia Diversa, la decisión de la Corte Constitucional es un ejemplo de cómo “el cumplimiento de la Constitución no se queda en el papel”. Según ha declarado su directora, Marcela Sánchez, “la lucha por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas beneficia a toda la sociedad en su conjunto y hace de Colombia un país mucho más incluyente”.

El actual Gobierno irlandés ha anunciado su intención de presentar esta primavera un proyecto de ley de uniones civiles al Parlamento, que permitiría a las parejas del mismo sexo acceder a derechos hasta ahora reservados a las parejas casadas en materia de pensiones, seguridad social, derechos de propiedad, impuestos o herencia. El Gobierno descarta la opción de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que ello “requeriría un cambio constitucional y un referéndum que podría dividir a la sociedad”.

Lo cierto es que, a pesar de la voluntad del Gobierno irlandés de “evitar la división”, la iglesia católica, que cuenta en Irlanda con una gran influencia social y política, ya ha anunciado que planteará batalla en contra del proyecto de ley. El cardenal Sean Brady, arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, ya ha manifestado que “muchos lo considerarán una renuncia al deber constitucional del Gobierno de proteger el matrimonio”. Y es que Brady afirma que la aprobación de una ley de uniones civiles también supone un ataque al matrimonio. “El matrimonio, y con él el bien común, queda directamente devaluado si se reduce a una forma más de relación entre otras posibles“, ha dicho.

El actual Gobierno irlandés está formado por una coalición de carácter centrista entre el Fianna Fáil (centro derecha), Demócratas Progresistas (liberales) y el Partido Verde, y cuenta con oposición tanto a su derecha como a su izquierda. Un sector del propio Fianna Fáil se opone al proyecto, por lo que su futuro es incierto. Desde dos manzanas seguiremos atentamente lo que ocurra en los próximos meses.