Dos manzanas

El actual Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado anular la ridícula sanción de 600 euros que impuso en marzo del año pasado el anterior Consejo al juez Fernando Ferrín Calamita por incluir “expresiones extravagantes” sobre la homosexualidad en un auto judicial. Calamita equiparó la homosexualidad con la pederastia, la pertenencia a una secta satánica, la prostitución o la condición de toxicómano. Esta comparación homófoba la escribió en un auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas a su padre argumentando que la madre mantenía una relación lésbica.

El vocal Antonio Monserrat había reclamado al pleno que estimara el recurso del juez, quien alegó que cuando fue sancionado el 5 de marzo de 2008 el expediente ya había caducado al haber transcurrido más de seis meses desde que fue abierto. Al parecer el recurso ha sido estimado porque efectivamente el procedimiento sancionador excedió “en ocho días” el plazo máximo de seis meses que establece la ley para este tipo de trámites.

Se trata de un caso distinto a aquel por el cual Calamita fue hallado culpable por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia de un delito de retardo malicioso en la administración de Justicia con el agravante de desprecio a la orientación sexual y condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación.

Se da la curiosa circunstancia de que hace escasamente tres meses el anterior Consejo General del Poder Judicial, en su último pleno, anuló también una sanción económica a la también homófoba jueza Laura Alabau.

Un portavoz de la iglesia católica de Escocia, Peter Kearney, ha afirmado que “existe una evidencia abrumadora de que las relaciones entre personas del mismo sexo son intrínsecamente inestables y reducen la esperanza de vida”. El comentario fue hecho como reacción al caso de dos niños, hijos de una adicta a la heroína que los dió en adopción, y que han sido entregados a una pareja gay en lugar de a sus abuelos. Los servicios sociales consideraron que la pareja les ofrecía un entorno familiar más seguro y estable, mientras que a sus abuelos no los consideraron capacitados para hacerse cargo de los niños.

Kearney afirmó que se trataba de “una decisión devastadora que tendrá un gran impacto en el bienestar de los niños”. Y es que a pesar de las presiones de la iglesia católica, las autoridades británicas han permanecido firmes a la hora de aplicar la ley, que en Gran Bretaña permite a las parejas del mismo sexo adoptar incluso desde antes de que se aprobara la vigente ley de uniones civiles. De hecho, las agencias católicas que gestionan los procesos de adopción en aquel país ya no pueden discriminar a gays y lesbianas, tras finalizar en enero el periodo transitorio de dos años que se les había concedido para acomodarse a la nueva situación tras la aprobación de una legislación antidiscriminación.

En otro orden de cosas, Stonewall, organización británica que lucha por los derechos civiles LGTB, ha mostrado su gran preocupación por el tono homófobo con el que algunos medios de comunicación británicos están tratando el caso de estos niños.

La iglesia católica de Escocia se ha caracterizado especialmente por su fuerte oposición a los derechos de las personas LGTB. No hace mucho el obispo de Motherwell, Jim Devine, criticaba el hecho de que gays y lesbianas participaran en actos en memoria del Holocausto ya que, según afirma, lo hacen “para fomentar la imagen de que son un grupo que ha sufrido persecución”.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, quiere denunciar que no es posible tener unos Ejércitos perfectamente vertebrados en nuestro sistema democrático mientras sigan vulnerándose el derecho de hombres y mujeres transexuales a formar parte de las Fuerzas Armadas. Seis meses después de que se destapara la discriminación a la que se ven expuestos los hombres transexuales no sometidos a reasignación genital -es decir, que carecen de pene-, el Ministerio de Defensa continúa sin modificar las normas reglamentarias que impiden su acceso a la profesión militar. Esto está en clara contradicción con el artículo 12 de los Principios de Yogyakarta que, redactados bajo los auspicios de la ONU, son de especial transcendencia en materia de Derecho Internacional:

“Artículo 12 b) [Los Estados] Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias”.

Además, el cuadro de exclusiones médicas de las Fuerzas Armadas, mencionado en la respuesta dada a conocer ayer al diputado de ICV Joan Herrera, contradice el espíritu de la ley de Identidad de Género que reconoce a las personas transexuales su identidad de género sin necesidad de operación, y que fue aprobada por este mismo Gobierno en 2007.

“Es inadmisible que el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de Defensa siga sin tener fecha cuando en la reunión que mantuvimos con la subsecretaria de Defensa el pasado mes de julio se comprometieron a modificar en breve una normativa que calificaron entonces de absurda”, ha declarado Martín Berenguer, coordinador del Área de Transexuales de la FELGTB. “Es una exclusión absurda y mantenerla en el tiempo, además perjudica claramente a Aitor por el límite de edad actual para entrar en el Ejército”.

El actual Gobierno irlandés ha anunciado su intención de presentar esta primavera un proyecto de ley de uniones civiles al Parlamento, que permitiría a las parejas del mismo sexo acceder a derechos hasta ahora reservados a las parejas casadas en materia de pensiones, seguridad social, derechos de propiedad, impuestos o herencia. El Gobierno descarta la opción de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que ello “requeriría un cambio constitucional y un referéndum que podría dividir a la sociedad”.

Lo cierto es que, a pesar de la voluntad del Gobierno irlandés de “evitar la división”, la iglesia católica, que cuenta en Irlanda con una gran influencia social y política, ya ha anunciado que planteará batalla en contra del proyecto de ley. El cardenal Sean Brady, arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, ya ha manifestado que “muchos lo considerarán una renuncia al deber constitucional del Gobierno de proteger el matrimonio”. Y es que Brady afirma que la aprobación de una ley de uniones civiles también supone un ataque al matrimonio. “El matrimonio, y con él el bien común, queda directamente devaluado si se reduce a una forma más de relación entre otras posibles“, ha dicho.

El actual Gobierno irlandés está formado por una coalición de carácter centrista entre el Fianna Fáil (centro derecha), Demócratas Progresistas (liberales) y el Partido Verde, y cuenta con oposición tanto a su derecha como a su izquierda. Un sector del propio Fianna Fáil se opone al proyecto, por lo que su futuro es incierto. Desde dos manzanas seguiremos atentamente lo que ocurra en los próximos meses.

El estigma social que acompaña a la homosexualidad en Europa del Este, y singularmente en los países procedentes de la desintegración de la antigua Unión Soviética, se hace especialmente visible al considerar las cifras de afectados por la infección por VIH/sida. Los datos que ha ofrecido ONUSIDA son concluyentes. En Ucrania, con la misma población que España, en 20 años de epidemia, sólo se han declarado 158 casos de sida en varones homosexuales. En España, 10.649. Y la causa no está en una diferencia en el comportamiento. Lo que cambia, según ONUSIDA, es la disposición de los afectados a reconocer unas u otras prácticas.

Una situación similar se daría en los países vecinos. Tayikistán y Turkmenistán no tienen oficialmente ningún caso de sida por relaciones entre hombres, Azerbaiyán tiene 10, y Bielorrusia, 29. “La mayoría de los hombres que tienen sexo con hombres lo ocultan. Nunca lo dirán. En cambio, explicarán que han tenido una práctica de riesgo, que se han estado inyectando drogas o que están preocupados después de haber ido al dentista”, según Zoryan Kis, de la red ucraniana de personas que viven con el VIH.

Ucrania es, de hecho, el país de Europa donde la infección tiene una mayor prevalencia. Se calcula que el 1,6% de los adultos está infectado por el VIH. Según los cálculos de ONUSIDA, unos 27.000 infectados lo serían por relaciones homosexuales. Teniendo en cuenta además las dificultades del acceso al tratamiento, no es arriesgado suponer que la proporción de ellos que ya tienen sida sea muy superior a la oficial.

En ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera) nos sentimos profundamente decepcionados por la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al recurso de amparo presentado por Alexia Pardo en torno a la sentencia anterior de la Audiencia de Lugo que restringía gravemente la patria potestad de Alexia.

El tufo de esta sentencia y de las anteriores huele claramente a transfobia.

El interés del menor, del que dice velar el Tribunal Constitucional, no ha prevalecido. A este niño le han secuestrado el amor de Alexia.

Pero en aras de la moral, porque este es el fondo de la sentencia, se le supone que se le protege de la transexualidad de Alexia, por mucho que hipócritamente se quiera proclamar desde el tribunal lo contrario.

En definitiva se nos está diciendo que la transexualidad es un acto moralmente perverso.

Much@s transexuales tenemos hijos y sabemos que los hijos, como todos los niños, no tienen los prejuicios morales de los adultos. Sólo buscan la protección y el cariño de sus padres, y para nada le importa los cambios físicos que se den en alguno de ellos.

La sentencia le importa muy poco las consecuencias emocionales que va a tener la misma para el niño y por supuesto para Alexia, que dicho sea de paso goza de una perfecta estabilidad psicológica, con las pruebas clínicas que ella ha aportado.

Sólo le importa “defender” al niño, de Alexia porque se supone que la transexualidad de ella puede afectarle en su adecuada evolución psicológica.

Queda claro que una parte de la Justicia es un poder salpicado muchas veces por la moral sexual transfóbica.

Desde aquí mandamos ánimos a Alexia, para que siga luchando por el amor de su hijo, a pesar de la discriminación que ha sufrido por una justicia que cada día está más cuestionada y desvalorizada.

Asociación de Transexuales de Andalucía- Sylvia Rivera

Según informa el diario “El Mundo”, Fernando Petidier solicitó en el Corte Inglés de Castellana (Madrid), el centro donde trabajaba como técnico escaparatista, su traslado a Vigo para vivir con su novio. El único requisito que le pusieron fue pasar una entrevista con el jefe de personal de la ciudad gallega. Así lo hizo. Los problemas llegaron cuando éste le preguntó sobre su pareja. “¿Su mujer es de Vigo?”. Petidier fue sincero: “sí, aunque no es mi mujer, es mi marido”. Cuando salió del despacho, Petidier escuchó al que hubiera sido su jefe comentar “estos maricones de mierda se creen con el mismo derecho que todos”.

Petidier se casó el 28 de octubre de 2006. Tras varios meses, el 18 de julio de 2007, el jefe de personal de Castellana le comunicó por fin la decisión. “Ni a corto, ni a medio ni a largo plazo se va a producir el traslado”, le dijeron. Ahora, la Inspección de Trabajo ha instado al Corte Inglés a conceder de modo automático el traslado al trabajador, dado que se le denegó por su orientación sexual. La decisión de Trabajo también se apoya en el hecho de que desde mayo de 2006 se han trasladado cuatro trabajadores a Vigo, donde además se han hecho seis contratos indefinidos y otros tantos temporales.

Petidier se encuentra de baja por un cuadro ansioso-depresivo, según cuenta él mismo. “Estoy contento por la decisión, pero a mí me han destrozado la vida”. Ahora se plantea demandar a la que ha sido su empresa durante dos décadas por daños y perjuicios. “No quiero grandes cantidades de dinero. El dinero es casi simbólico. Sí quiero que un juez diga que el Corte Inglés me ha causado un daño. Y lo peor es que como yo hay muchas personas”.

El diario “Público” realizó ayer un detallado seguimiento sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En su edición escrita, el artículo incluye una pequeña entrevista al Portavoz de Educación del Partido Popular J. A. Gómez Trinidad, donde se le pregunta: “¿el respeto a los derechos de los homosexuales no está consensuado?” a lo que Gómez responde que “hay posturas que son opinables y que suponen una moral de Estado. Hay temas donde no existe el consenso.”

El portavoz del PP ha comparado Educación para la Ciudadanía con la asignatura de Ética de 1988 donde no se nombraba a la homosexualidad, y la ha puesto como modelo. Se ha reafirmado en los recortes de temas que disgustan a alguna minoría, comparándolos con enseñar “astrología” y ha negado que pidan la objeción de conciencia a la asignatura.

Parece que las universidades católicas no quieren cerca a gays y lesbianas ni siquiera cuando defienden posiciones cercanas a su propio ideario. La Universidad Católica de América, con sede en Washington, ha impedido la participación de PLAGAL (Pro-Life Alliance of Gays and Lesbians), una organización antiabortista formada por gays y lesbianas, en un encuentro de organizaciones “pro-vida” que tuvo lugar el pasado fin de semana en dicha Universidad.

Un portavoz de “Students for Life”, que organizaba el encuentro, ha manifestado que la Universidad les comunicó el veto a PLAGAL argumentando que los objetivos de dicho grupo “van contra las enseñanzas de la iglesia católica”. PLAGAL, al parecer, había participado el año anterior en el encuentro e incluso había contribuído a financiarlo. En esta ocasión su participación fue rechazada, permitiéndose únicamente que sus miembros asistieran a título individual.

Kristan Hawkins, directora ejecutiva de “Students for Life” ha declinado valorar la decisión de la Universidad. Cecilia Brown, presidenta de PLAGAL, ha manifestado sentirse “frustrada”. “Estoy cansada de como somos tratados por los cristianos, incluso cuando coincidimos con ellos en defender al no nacido”, ha dicho.

La falta de reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en algunos estados de EE. UU. por el resto de los estados del país lleva a situaciones kafkianas, como la que vive una pareja actualmente residente en Texas pero legalmente casada en Massachusetts, y que ahora desea divorciarse. El Fiscal General de Texas se niega a tramitar su divorcio alegando que su matrimonio es inexistente.

“Para evitar que otros estados impongan sus valores al nuestro, los electores de Texas aprobaron de forma muy mayoritaria una enmienda a la Constitución definiendo el matrimonio sólo como la unión entre un hombre y una mujer”, ha manifestado. “Se está pidiendo a la justicia de Texas que reconozca y disuelva algo que legalmente no existe aquí”, ha continuado.

A la espera de que la administración Obama cumpla su promesa de promover la derogación del DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que impide a la administración federal reconocer los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo en algunos estados y que permite además al resto de los estados negar su existencia, es previsible que este tipo de paradojas legales continúen produciéndose.

Grave noticia la que no llega desde el Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso de amparo presentado por Alexia Pardo en relación a la sentencia de 2005 que restringía gravemente su patria potestad como progenitora de un hijo fruto de una relación anterior a su reasignación sexual. La historia se remonta a 2004, cuando Alexia, informática que contaba entonces con 29 años, separada y con un hijo, decide iniciar el proceso de reasignación sexual para acomodar su cuerpo masculino a su verdadera identidad femenina.

Hasta entonces todo marchaba bien. Alexia disfrutaba de un régimen de visitas abierto, es decir, podía ver a su hijo sin limitaciones. En aquel momento, sin embargo, su ex-esposa decidió demandarla “para arrebatarle la patria potestad, el régimen de visitas y evitar toda comunicación” con su hijo, según contaba la propia Alexia. El niño, que no mostraba al parecer alteración emocional alguna, llegó a declarar en el juicio que le gustaba “estar con papá” y no le importaba “que se maquille”. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de Lugo, sin embargo, le dieron la razón a su ex-esposa, argumentando para ello la “inestabilidad emocional” que suponia el proceso de reasignación sexual de Alexia y estableciendo que “un sistema normal de visitas supondría un riesgo para la salud emocional del menor”. La sentencia estableció que Alexia sólo podía ver a su hijo tres horas cada 15 días y en presencia de dos psicólogos y su ex esposa. En palabras de Carla Antonelli, aquella sentencia sentó un “precedente escandaloso, porque se está criminalizando la transexualidad, al equiparar el régimen de visitas al de los acusados de violencia doméstica o abusos sexuales a sus hijos”.

Ahora el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo de Alexia con el alambicado argumento de que la causa de la restricción del régimen de visitas “no es la transexualidad del recurrente, sino la situación de inestabilidad emocional por la que atraviesa”. Alexia no se da por rendida y ya ha anunciado que llevará el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La FELGTB condena la transfobia de la justicia

En nota de prensa hecha pública por la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), ésta muestra su “profunda decepción” por la sentencia y “condena la transfobia de la justicia”. En opinión de la FEGTB, el interés del menor “no sólo no se ha defendido, como pretende hacer creer la sentencia, sino que se ha despreciado al avalar que este hijo sólo pueda disfrutar de Alexia tres horas cada 15 días”. Al parecer los informes psicológicos apuntan que el menor mantiene una perfecta relación con Alexia, pero el Tribunal Constitucional “quiere protegerlo de su madre transexual como si la transexualidad fuera algo pernicioso para el desarrollo del niño”.

La FELGTB aclara que muchas personas transexuales tienen descendencia y que “sus hijas e hijos, la infancia en general, sólo buscan la protección y el cariño de sus padres y madres, sin importarles los cambios físicos que se den en alguno de ellos”. “A la sentencia le importa muy poco las consecuencias emocionales que va a tener la misma para el niño y por supuesto para Alexia, que dicho sea de paso goza de una perfecta estabilidad psicológica, con las pruebas clínicas que ella ha aportado”, continúa la nota. Para la FELGTB, en definitiva, queda claro que una parte de la Justicia “es un poder salpicado muchas veces por la moral sexual transfóbica”.

Giro de 180 grados en la postura del Partido Socialista (PS) portugués, que en octubre pasado se opuso, haciendo uso de la mayoría absoluta de la que dispone en el Parlamento, y uniendo sus votos a los de la derecha, a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Portugal. Ahora su secretario general y actual primer ministro, José Sócrates, ha asumido el compromiso de impulsar una ley que lo permita si gana las elecciones generales que tendrán lugar este mismo año.

Sócrates afirma ahora que la la legalización del matrimonio supondrá “eliminar una discriminación histórica que no honra a una sociedad abierta”. Estas declaraciones contrastan fuertemente con lo que manifestaba hace sólo unas semanas, cuando afirmaba que el matrimonio entre personas del mismo sexo “no era parte de la agenda política del PS, ni sentía una necesidad social para responder a eso, ni el PS se proponía para hacer experimentalismo político con la idea de hacer cambios que pudiesen provocar fracturas”. El colectivo LGTB ILGA Portugal ha celebrado, en cualquier caso, la nueva postura de los socialistas portugueses.

La noticia, sin embargo, viene con letra pequeña. El ministro de Asuntos Parlamentarios, Augusto Santos Silva, ha aclarado que la propuesta excluye la hipótesis de adopción de menores. Según el ministro luso, en el matrimonio entre personas del mismo sexo “apenas está en causa la libre y consciente decisión adoptada por dos adultos” pero en lo que se refiere a la adopción “están en causa los intereses del menor”. Parece pues que el derecho de los menores portugueses a crecer y ser educados en el seno de una familia adecuada y emocionalmente estable, con independencia de que ésta sea homoparental o no, seguirá sin ser respetado debido a la existencia de ancestrales prejuicios homófobos.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por Wilson Melitón Reyes contra una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Palencia que desestimó a su vez su reclamación de una pensión de viudedad tras la muerte de José Antonio de Castro, su pareja sentimental, antes de poder formalizar la boda.

La pareja se consolidó cuando ambos cumplían condena en prisión. Para formalizar la relación, efectuaron ante el Ayuntamiento de Dueñas la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, certificado acreditado el 13 de febrero del 2003, cuando no era posible contraer matrimonio. Pasado el tiempo, el Juzgado de Paz de Dueñas resolvió la autorización de matrimonio civil, una vez que éste fue posible, que se debería haber celebrado el 21 de febrero del 2006 en la propia cárcel, fecha que, según el demandante, fue retrasada al 20 de mayo “por motivos de agenda de trabajo del órgano judicial”. Pero el enlace no llegó a celebrarse porque José Antonio de Castro, que había sido ya excarcelado, falleció de forma súbita el 26 de abril al sufrir un infarto de miocardio.

La sentencia del Juzgado Social número 2 determinó en su día que “hasta el momento de la celebración del matrimonio, cualquiera de los dos futuros contrayentes podría no haber accedido ni consentido libre y voluntariamente la celebración del mismo”, por lo que “se está ante un acto jurídico que sólo establece y prevé efectos legales inherentes a dicha declaración cuando se consuma y éste se realiza por el consentimiento”. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado ahora el recurso interpuesto contra ese fallo, incidiendo en que Wilson y su pareja no estaban casados cuando se produjo la muerte de este último.

No parece que se hayan tenido en cuenta las especiales circunstancias del caso, como por ejemplo el hecho de que hasta julio de 2005 la celebración de un matrimonio civil entre personas del mismo sexo no fuera posible. Desde dos manzanas nos preguntamos cuántos derechos de personas LGTB continuarán todavía viéndose vulnerados por esa discriminación legal…

El diario “Público” se ha hecho eco este sábado en un amplio artículo de la polémica levantada por la prohibición de donar sangre a los gays en dos países vecinos, Andorra y Francia, señalando además que no son los únicos en los que esto ocurre. Otros países avanzados, como el Reino Unido o Canadá, mantiene prohibiciones similares, que carecen hoy día de justificación científica.

En el Reino Unido, las autoridades sanitarias aconsejan que no se acepte la sangre de quien reconoce ser gay. Como consecuencia, la agencia que gestiona los bancos de sangre “pide” a los gays que no acudan a donar, aunque sólo hayan tenido una relación años atrás. En Canadá, la ley llega a prohibir donar órganos a los gays que hayan tenido relaciones sexuales durante los últimos cinco años, al considerarlos directamente un “grupo de riesgo”.

En Argentina, si en el cuestionario previo a la donación un hombre se reconoce gay, queda inhabilitado durante 12 meses para dar sangre. En otros países con menos garantías sociales, como China, la prohibición es aún más estricta.

En España, un cuestionario exhaustivo permite detectar, siempre que el donante no mienta, si ha realizado prácticas de riesgo, según explica la responsable del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, Luz Barbolla (se trata del modelo que, por ejemplo, pide Act-Up Paris que se instituya en Francia). Una vez pasado este primer filtro, se analiza la sangre. Barbolla asegura que los filtros son hoy día efectivos en un porcentaje “muy superior al 99,9%”, ya que los sistemas actuales de análisis que se aplican en los bancos de sangre han llegado a reducir el periodo ventana (periodo de tiempo durante el cual el virus aún no se detecta en la sangre) hasta los diez días.

El caso andorrano, por desgracia, no es el único en Europa. Francia también prohibe a los gays donar sangre, y aunque en la práctica esta prohibición, que a día de hoy carece ya de respaldo científico, parece que no se aplicaba desde hace años, la actual ministra de Sanidad francesa ha anunciado un endurecimiento de los procedimientos para hacerla efectiva. La norma francesa excluye de la donación de sangre a cualquier varón que responda de manera afirmativa a la pregunta “¿Ha tenido relaciones sexuales con hombres?”.

La ministra Roselyne Bachelot, para defenderse, dice que la prohibición “no es una opción filosófica, sino una cuestión de seguridad transfusional”. Según la ministra ” Entre un 10% y un 18% de los gays están infectados, cuando ese porcentaje es de un 0,2% para los heterosexuales”.

La validez de los datos que maneja la ministra han sido duramente criticados por el colectivo de lucha contra el VIH Act-UP París, que le recordó a la ministra que actualmente en Francia dos de cada tres nuevas infecciones por el VIH se producen por relaciones heterosexuales, subrayando además que sólo el hecho de preguntar por la aplicación sistemática de medidas de protección adecuadas durante las prácticas sexuales de riesgo (independientemente de su carácter homosexual o heterosexual), combinado con el conocimiento de si la persona se ha realizado o no el test de VIH, permite evaluar eficazmente el potencial riesgo transfusional. A este respecto, Act UP-París exige la elaboración de un cuestionario previo a la donación “basado en datos fiables de sanidad pública y no discriminatorios”.

La medida contrasta, por cierto, con el anuncio que en 2006 hacía el entonces Gobierno francés, también de derecha, de que acabaría con esta discriminación. Parece que la llegada a la Presidencia de Francia del populista Nicolás Sarkozy ha cambiado, sin embargo, ciertas intenciones.