Dos manzanas

Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le da igual la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía que negaba la posibilidad de “objeción de conciencia” frente a dicha asignatura. Ese mismo día la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal andaluz volvía a establecer exactamente lo contrario: que una familia, en esta ocasión de Granada, sí tiene derecho “a ejercer la objeción de conciencia”.

Según informa El País, de dicha sala, que sistemáticamente ha reconocido el “derecho a la objeción”, forman parte al menos “dos jueces vinculados al Opus Dei”. Recordemos también que en dicha sala ejerce su función como juez Enrique Gabaldón, hijo de José Gabaldón (presidente de honor del Foro de la Familia) que en una de las sentencias contra Educación para la Ciudadanía reprodujo literalmente argumentos que su padre ya había utilizado. Ante el escándalo que eso supuso en su momento las asociaciones de jueces reaccionaron todas a una y arroparon a Gabaldón en una muestra más del rancio corporativismo que impregna a la clase judicial española.

Que los magistrados andaluces ignoren la decisión del Supremo es, al parecer, legal, ya que para que se siente jurisprudencia el Supremo tiene que dictar dos sentencias en el mismo sentido. Además, a diferencia del Constitucional, el Supremo no tiene la obligación de publicar en el BOE sus fallos, por lo que el tribunal andaluz podría argumentar que desconoce sus decisiones. Y en último lugar, porque los magistrados andaluces siempre podrían ampararse en la “independencia judicial” e ignorar los pronunciamientos de órganos superiores, “siempre que haya un razonamiento legal”, todo ello según afirma María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, en el mencionado artículo de El País.

Ante este panorama los expertos no tienen claro qué ocurrirá. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, controlado por jueces conservadores, podría seguir dictando sentencias a favor de la objeción, que teóricamente serían luego tumbadas una a una por el Supremo.

Después de que la semana pasada el Tribunal Supremo denegase las peticiones de objeción de conciencia a varios alumnos en España contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, algunas entidades como el Foro Español de la Familia y la Confederación Española de Centros de Enseñanza insisten en denunciar contenidos inadecuados de esta asignatura. Si se eliminan las cuestiones morales que en ella se imparten se olvidarían inmediatamente de insumisiones y protestas, aseguran, ya que se acabaría así con la posibilidad de adoctrinamiento. El Gobierno se compromete a hablar con cualquier colectivo sobre la manera de mejorar la educación; en ningún caso sobre los contenidos de Ciudadanía, explica una portavoz.

En concreto, estas dos asociaciones piden eliminar el rechazo de las actividades en las que “no todo el mundo estaría de acuerdo” como por ejemplo el “rechazo de las actitudes de intolerancia y exclusión” o la “valoración crítica de […] los prejuicios sociales , racistas, xenófobos, antisemitas , sexistas y homófobos”. Se quejan de que se intente “conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad” , punto no recogido en esta asignatura, sino como valor impulsor de la ley de educación. Además Benigno Blanco, del Foro de la Familia afirma que las declaraciones de los derechos humanos no se pueden usar “como un referente ético universal”, por lo que aboga por sacarlos también de la polémica asignatura.

Una vez hecha pública la sentencia del Tribunal Supremo que determina que no es posible la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y a la espera de conocer el texto concreto de la sentencia y las matizaciones que al parecer se introdujeron a la misma para conseguir el apoyo de algunos magistrados conservadores y deshacer así el empate existente durante las primeras deliberaciones (algunas informaciones señalan incluso que el Supremo se permitiría hacer “recomendaciones” al Gobierno sobre los contenidos de la asignatura), ya se han producido las primeras reacciones.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, además de mostrarse visiblemente satisfecha, ha señalado que los alumnos que se reincorporen tendrán que recuperar el tiempo perdido, tanto los que han faltado el primer trimestre de este año como los que se saltaron todo el curso anterior. El Gobierno ha dicho que trabajará con las comunidades para encontrar la fórmula. Según el Gobierno, todos los objetores deberán volver a clase, cosa que sin embargo no está todavía clara.

Las asociaciones ultraconservadoras que promueven directamente el boicoteo siguen recomendando la objeción, aunque aseguran que acatarán la legalidad. Según ellos, el Supremo sólo rechaza la objeción en los cuatro casos que se juzgaban. También han reiterado su intención de recurrir al Constitucional y, si hace falta, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según ellos, el Supremo tendrá que pronunciarse además sobre todos los recursos que aún están pendientes.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha cargado directamente contra el PP y ha confiado en que dicho partido pida disculpas por su “innoble” campaña contra la asignatura. Alonso ha instado a los populares a acatar la decisión y a corregir “sus desmesurados excesos verbales”.

Dura reacción del PP

No parece, sin embargo, que desde el PP le hayan hecho mucho caso al PSOE. Su portavoz adjunto en el Congreso, Alfonso Alonso, una de las “caras moderadas” del partido, aseguró que van “a seguir dando la batalla política contra el adoctrinamiento” de la asignatura y anunció que “respaldará las actuaciones que emprendan en el futuro los padres” objetores, entre ellas las de acudir al Constitucional. Alonso, en la línea señalada por algunas interpretaciones que se están haciendo de la sentencia, cuya redacción final todavía no se conoce, trató de limitar su impacto al señalar que ésta rechaza el derecho a objetar pero sólo “en los casos en los que se ha planteado”, esto es, que se podrían presentar otros. Alonso ha prometido también que cuando el PP llegue al Gobierno suprimirá la asignatura porque “intenta meter doctrina partidista en las aulas”. Alonso quiso enviar una clara señal de apoyo a los padres objetores. “Les hemos respaldado antes y les vamos a respaldar ahora. Los padres tiene que saber que estamos con ellos”, quiso recalcar.

Reacciones de los colectivos LGTB

Para la FELGTB, “el sentido común marca la sentencia” . Según la Federación, la sentencia introduce racionalidad “en un debate artificial, un arma política cargada de homofobia contra una asignatura que sólo pretende educar en valores comunes mínimos, para beneficio de todos y todas”. LA FELGTB insiste además en que “trabajar por el respeto a la diversidad afectivo-sexual y contra la discriminación no es adoctrinamiento, es fomentar la igualdad que reconoce la Constitución”. Según su presidente, Antonio Poveda, “defender una educación que discrimina, se disfrace de libertad religiosa o se vista de derecho a elegir la educación moral de los hijos, no es justificable en ningún caso. Celebramos una sentencia necesaria que, esperamos, ponga razón en lugar de fanatismo”.

Para Miguel Ángel Sánchez, Presidente de Fundación Triángulo, “la decisión trae cordura a la situación que vivíamos. Es indignante la oposición de la derecha más recalcitrante e intolerante a que en los colegios se hable de democracia, de respeto o de pluralismo. Han utilizado todas las armas a su alcance, incluyendo la complicidad de algunos gobiernos autonómicos para seguir teniendo el derecho a catequizar”.

La Confederación Española COLEGAS ha mostrado también “su satisfacción” . Según COLEGAS, “la asignatura de Educación para la Ciudadanía fomenta el respeto a la diversidad y a la convivencia de todos los ciudadanos y ciudadanas sin exclusiones. De igual manera que el Estado debe actuar para erradicar actitudes racistas y xenófobas en el ámbito educativo, el respeto a la diversidad afectivo-sexual debe estar presente en nuestras escuelas y colegios”.

Otros muchos colectivos han mostrado o están mostrando también su alegría por la decisión del Supremo, como la alicantina Decide-T o la FECyLGTB (Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), que exige además a la Junta de Castilla y León que vuelva a incluir en el temario de la asignatura todos los contenidos sobre el valor constitucional de la igualdad, incluidos la no discriminación de la diversidad afectivo-sexual y la lucha contra la homofobia.

Finalmente el Tribunal Supremo ha salvado por amplia mayoría la asignatura de Educación para la Ciudadanía, si bien lo hace de una forma que, según algunas interpretaciones y a la espera de conocer la redacción de la sentencia, podría cerrar el asunto en falso. Ante la división existente, de la que informábamos esta misma mañana, el pleno del Supremo se ha esforzado en llegar a una postura “de consenso” que ha recibido el apoyo de 22 magistrados, mientras que 7 han votado en contra y uno se encontraba ausente por enfermedad.

Los jueces del Supremo dirimían, en concreto, sobre el recurso de casación presentado por el fiscal, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconocía el derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura. Asimismo analizaba los recursos presentados por varias familias asturianas a las que tres fallos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimaron la objeción. El Pleno concluye que “en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia” y estima que “los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Según el diario “El Mundo”, para lograr el apoyo de parte de los magistrados conservadores, el Tribunal Supremo matizaría en su sentencia que ni las autoridades administrativas o escolares, ni los profesores, pueden imponer a los alumnos “criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad”. El contenido de la asignatura, según el Supremo, “debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales”. Según este periódico, estas matizaciones podrían dejar la puerta entreabierta a nuevos litigios que utilizaran otros planteamientos jurídicos.

En cualquier caso, los padres que han visto rechazado “su derecho” a objetar ya han anunciado su intención de llevar la batalla al Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo lleva días deliberando en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El pleno, integrado por 30 magistrados, determinará no sólo si es posible la objeción de conciencia a la asignatura (que era lo que inicialmente debía debatir, dadas las sentencias contradictorias existentes hasta ahora en los diferentes Tribunales Superiores de Justicia regionales) sino que al parecer estaría discutiendo incluso si los contenidos de la asignatura vulneran “el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Según señala el diario “El País”, los magistrados han decidido utilizar la facultad que les concede la ley la para anular cualquier disposición general cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de una norma. Parece que las posiciones se encuentran muy enconadas, con el pleno muy dividido, casi en empate, sobre si determinados contenidos de la asignatura “desbordan el marco constitucional”.

Qué duda cabe que si el Tribunal Supremo decide que los contenidos de Educación para la Ciudadanía que se refieren a la diversidad familiar son ilegales, se habrá producido un antecedente profundamente inquietante para los derechos civiles de gays y lesbianas. El hecho de que la mayoría de los jueces de este país sea socialmente conservadora no aporta, desde luego, mucha tranquilidad sobre el resultado de la sentencia, que se podría conocer hoy mismo.

La marcha atrás del Gobierno valenciano en su pretensión de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés empieza a mostrar sus primeras trampas. Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, entidad que agrupa a 180 centros educativos concertados, es decir, sostenidos con dinero público, ha señalado que no se acogerá a la moratoria para la impartición en inglés de la asignatura por considerar que no tiene dificultades para dar la materia en ese idioma.

La entidad dice que “el espíritu de la moratoria a la aplicación de Educación para la Ciudadania está orientada a aquellos centros que han tenido y tienen dificultades para cubrir la docencia con dos profesores o han tenido problemas metodológicos en su implantación y que, desde el inicio de curso, han manifestado dicho problemas”. En este sentido, los centros de Escuelas Católicas “como ya manifestaron en su momento, no creen necesario acogerse a la moratoria propuesta por el Ejecutivo valenciano”.

Tras numerosas protestas, y con la amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo valenciano en ciernes, el Gobierno de esa comunidad ha decidido dar marcha atrás en su ocurrencia de que la asignatura de Educación para la Ciudadanía fuera impartida de forma obligatoria en inglés, medida que suponía un boicot de facto a su enseñanza.

Según el diario El País, el presidente valenciano, Francisco Camps, de viaje en Estados Unidos, autorizó ayer, a través de Alejandro Font de Mora, su consejero de Educación, a que la materia se estudie el resto del curso “en una de las dos lenguas cooficiales” de la Comunidad Valenciana. Según Público, por el momento no se trata de una rectificación definitiva, sino una moratoria temporal a la que podrán acogerse los profesores que quieran dar la clase en castellano o valenciano, a la espera de que se llegue a un acuerdo definitivo con padres y profesores.

Desde la Plataforma per l’Ensenyament Públic, que ha liderado la oposición a la medida, se ha aplaudido la rectificación. También el Ministerio de Educación ha celebrado la decisión.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía, pese a haber sido descafeinada en parte de sus contenidos por diversas Comunidades Autónomas, se enfrenta todavía a la oposición de los sectores sociales más conservadores, que han promovido diversas iniciativas de “objeción de conciencia”, respaldadas por cierto por el Partido Popular, y que están pendientes de la decisión final del Tribunal Supremo.

La manifestación contra el boicot de facto del gobierno conservador valenciano contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que obliga a los profesores a impartirla en inglés, fue convocada por la Plataforma per l’Ensenyament Públic y contó con el apoyo de diversos colectivos LGTB de la comunidad autónoma valenciana.

La manifestación habría contado con la asistencia de unas 80.000 personas, según los organizadores. Expertos consultados por el diario “El País” rebajan esa cifra a la mitad. En cualquier caso, se trataría de la manifestación más multitudinaria de las celebradas por las calles de Valencia desde las movilizaciones contra la invasión de Irak. Los manifestantes reclamaron la vuelta a la normalidad a la hora de impartir la asignatura, al tiempo que con gritos de “amb aquesta educació, Font de Mora dimissió”, pidieron la dimisión del consejero valenciano de educación.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, responsable último de la esperpéntica situación en las aulas (el encargado de la preparación de los contenidos de la asignatura, habitualmente profesor de filosofía, imparte la clase en castellano o valenciano, mientras que un profesor de idiomas se encarga de su traducción simultánea al inglés), es presentado con frecuencia por los medios de comunicación como uno de los líderes “moderados” del Partido Popular. Según otras fuentes, es en realidad un dirigente especialmente próximo a las posiciones más conservadoras de la iglesia católica.

Los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) del País Valenciano (Col·lectiu Lambda (València), Col·lectiu de Lesbianes i Gais de la Safor “CLGS�?, Asociación Arco Iris (Castelló), Rainbow Calpe, Decide-T (Alacant), Anmara (Elx), Independence Gay, Grup Esportiu lgtb+ Samarucs València) se suman a la manifestación convocada por la “Plataforma Per l’Ensenyament Públic�?, con el apoyo de la FELGTB. Esta manifestación, convocada con el fin de reivindicar la derogación de la Orden de Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, según la cual se regula la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC); dicha orden estipula su impartición en inglés, dificultando con ello el aprendizaje de la asignatura por parte del alumnado, en un burdo intento desde las instituciones valencianas de hacer oposición al Gobierno Central con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía valenciana.

Pedimos a la Conselleria d’Educació que se ajuste al currículum mínimo establecido por el Ministerio de Educación, Políticas Sociales y Deporte, ya que la Conselleria ha reducido los contenidos de dicho currículum en aspectos como los temas relacionados con la sociedad LGTB existente y su diversidad, o las cuestiones de género. Eliminando nuestra realidad de los contenidos, el Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, pretende ocultar e invisibilizar la realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales impregnando la educación valenciana de homofobia y transfobia. De la misma manera, denunciamos la pasividad del Ministerio de Educación ante este caso, puesto que ha permitido que la Conselleria reduzca ese mínimo establecido por el propio Ministerio en detrimento de la educación del alumnado.

Es por ello por lo que exigimos, primero, que la Conselleria d’Educació derogue la orden reguladora de EpC y que se ajuste a los mínimos exigidos por el Ministerio (y sobre los que no tiene competencia para decidir puesto que estos mínimos son de obligado cumplimiento); y en segundo lugar, exhortamos al Ministerio de Educación a que defienda con valentía la legislación vigente sobre la materia y se asegure de que las autonomías lo cumplen.

El próximo sábado a las 18 horas estaremos presentes en la manifestación con una pancarta que llevará como lema “Ara, la igualtat a l’educació�?.

Colectivos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) del País Valenciano nos sumamos a la manifestación convocada por la “Plataforma Per l’Ensenyament Públic�? con el fin de reivindicar, junto a ellos, la derogación de la Orden de Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, según la cual se regula la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC); dicha orden estipula su impartición en inglés, dificultando con ello el aprendizaje de la asignatura por parte del alumnado, en un burdo intento desde las instituciones valencianas de hacer oposición al Gobierno Central con el consiguiente perjucio para la ciudadanía valenciana.

Pedimos a la Conselleria d’Educació que se ajuste al currículum mínimo establecido por el Ministerio de Educación, Políticas Sociales y Deporte, ya que la Conselleria ha reducido los contenidos de dicho currículum en aspectos como los temas relacionados con la sociedad LGTB existente y su diversidad, o las cuestiones de género. Eliminando nuestra realidad de los contenidos, el Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, pretende ocultar e invisibilizar la realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales impregnando la educación valenciana de homofobia y transfobia. De la misma manera, denunciamos la pasividad del Ministerio de Educación ante este caso, puesto que ha permitido que la Conselleria reduzca ese mínimo establecido por el propio Ministerio en detrimento de la educación del alumnado.

Es por ello por lo que exigimos, primero, que la Conselleria d’Educació derogue la orden reguladora de EpC y que se ajuste a los mínimos exigidos por el Ministerio (y sobre los que no tiene competencia para decidir puesto que estos mínimos son de obligado cumplimiento); y en segundo lugar, exhortamos al Ministerio de Educación a que defienda con valentía la legislación vigente sobre la materia y se asegure de que las autonomías lo cumplen.

El próximo sábado a las 18 horas estaremos presentes en la manifestación con una pancarta que llevará como lema “Ara, la igualtat a l’educació�?.

NOTA DE PRENSA CONJUNTA DE COLECTIVOS LGTB DEL PA�?S VALENCIANO: Col·lectiu Lambda (València), Col·lectiu de Lesbianes i Gais de la Safor “CLGS�?, Asociación Arco Iris (Castelló), Rainbow Calpe, Decide-T (Alacant), Anmara (Elx), Independence Gay, Grup Esportiu lgtb+ Samarucs València.

A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie de una vez, continúan las escaramuzas judiciales en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía a nivel de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que emiten resoluciones contradictorias. En esta ocasión ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que ha suspendido cautelarmente la obligatoriedad de cursar la asignatura en esa región, argumentando que podría vulnerar el derecho de los padres a decidir la formación moral de los hijos. Los colectivos LGTB regionales han reaccionado con contundencia.

El auto está en la línea de la sentencia que hace meses dictó, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuyo ponente fue por cierto el juez Enrique Gabaldón, miembro del Opus Dei e hijo del presidente de honor del Foro de la Familia, la conocida organización ultraconservadora. En cambio, otros Tribunales Superiores de Justicia, como los de Asturias, Baleares o Navarra, han desestimado la posibilidad de “objetar” a esta asignatura.

En una nota de prensa hecha pública hace escasos días, la FECyLGTB (Federación Castellano y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) ha calificado la sentencia como “conservadora y antigua”. Según la FECyLGTB “considerar opcional el fomento de los valores constitucionales o de la igualdad entre sexos muestra a las claras la ideología del tribunal de justicia”. “Calificar de objeción de conciencia la decisión unilateral de unos padres para obligar a sus hijos a no recibir esta asignatura, no es mas que una pirueta retórica. Que haya padres empeñados irresponsablemente en que sus hijos no reciban formación en estos valores democráticos, solo logra dificultar el desarrollo académico y la convivencia de los niños y niñas especialmente los que son lesbianas, gays, transexuales o bisexuales, que sufren altísimos grados de acoso escolar por homofobia o transfobia”, prosigue el comunicado.

Jana Quintanilla, mujer transexual y Vicepresidenta de la FECyLGTB, ha manifestado que “yo no puedo ir a recoger a mis hijos al colegio por que sus compañeros no lo entenderían. El que no se haya explicado en el colegio esta realidad, nos genera, a mis hijos y a mi, dolor y sufrimiento. ¿Es esto lo que quiere el tribunal?”.

En este comienzo de curso siguen sonando los tambores de guerra en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Hay muchas formas de desmontar la tesis del PP según la cual su boicot a la asignatura obedece al afán adoctrinador de EpC. Se me ocurre una muy sencilla: analizar los libros de texto que se imparten en los distintos centros.

Si nos aproximamos a los libros de texto, comprobaremos que hay un amplio menú de editoriales según el gusto ideológico de cada colegio. Si a usted no le gusta la palabra “matrimonio�? aplicada a homosexuales, tiene la editorial Casals, que además de negar el matrimonio gay, condena el aborto, habla de familias falsas y verdaderas, menciona a Dios en la búsqueda de sentido de la vida y habla de la procreación como meta del matrimonio. Si usted es un laico descreído tiene la editorial Octaedro, que dedica capítulos enteros a estudiar la realidad social y afectiva de los homosexuales, hace apología del uso de los preservativos, y, por supuesto, constata la existencia del matrimonio gay. Entre estas dos editoriales hay toda una gama ideológica intermedia, una escala de grises, digamos. Los textos de SM y Santillana no citan los matrimonios homosexuales, sí lo hacen las de Laberinto y Algaida. A cada moral su texto, como Dios manda.

De esta disparidad – disparatada - de textos y de ideologías se pueden sacar un par de conclusiones. Uno, el PP y ese otro partido político que es la Conferencia Episcopal no tienen derecho a calificar la asignatura de adoctrinadora, ya que cada centro, al elegir el texto, atenúa o directamente anula su efecto presuntamente adoctrinador. Dos, la asignatura, por tanto, es moralmente inofensiva, y el encono de los conservadores por derribarla sólo obedece a una estrategia de guerra total contra el gobierno, heredada de la crispación de la pasada legislatura, y utilizando como campo de batalla – irresponsablemente -, algo tan delicado como nuestro sistema educativo.

Y ya que hablamos de libros de texto, hace unos días era noticia la simpática editorial Casals, concretamente el libro de Ética de 4º de la ESO. Joaquina Prades, en EL PAIS, recopilaba alguna de las perlas que contiene el libro: “la sociedad está amenazada” [fuera del matrimonio heterosexual], “han sentado a Dios en el banquillo de los acusados”, “si se quiere ser feliz hay que ser fiel al otro, y si se quiere ser muy feliz hay que ser muy fiel”, “Hay que sufrir por defender el matrimonio”. “Aún en casos que podrían calificarse como trágicos, el divorcio no elimina la tragedia. La diferencia entre una tragedia sin divorcio y otra con divorcio consiste en que dentro del matrimonio la tragedia puede ser noble y ejemplar”, “No es justificable la inseminación artificial de una mujer soltera o viuda. Ni los esposos que no puedan vencer su esterilidad pueden recurrir a ninguna de las técnicas de reproducción asistida” … ¿Adoctrinar?, Quién iba a atreverse…

No merece la pena ponerle adjetivos a la ristra de entrecomillados: se descalifican por si solos. Sin duda en democracia cada uno puede opinar lo que quiera, y hacer que sus hijos se eduquen con unos valores muy concretos: para eso están los colegios privados. A mi lo que me preocupa no es que se enseñen unas ideas tan inefables, lo que me preocupa es que se haga en centros católicos concertados que financiamos entre todos. Dicho de otro modo, me horroriza estar regando con el dinero de mis impuestos la enseñanza de unas ideas no ya anticuadas y absurdas, sino directamente agresivas contra un colectivo, el LGTB, al que pertenezco.

Sin rodeos: alguien debería poner coto a la carcunda ideológica de estas editoriales, y recordarles que el matrimonio homosexual – por poner sólo un ejemplo -, no es una cuestión de moral, es una cuestión de derechos humanos, de legalidad vigente y de realidad social. Textos como el de Casals, que hablan de familias verdaderas y falsas, pretenden sustituir la ley por la moral, su moral, e imponérsela a los alumnos, eso sí que es adoctrinar.

Rafael Rodríguez

A principios de año el Consejo de Europa hacía público un informe muy preocupante titulado “El suicidio de niños y adolescentes en Europa, un grave problema de salud pública”?. Dicho informe hablaba de cifras muy altas de suicidios entre niños y adolescentes, y señalaba que las cifras son aún más duras en el caso de homosexuales y transexuales. Por otra parte, un estudio realizado en Estados Unidos en 2007 revelaba que el 33% de los jóvenes que se suicidaron son homosexuales, y de ellos el 50% fueron rechazados por sus propios padres.

Sin duda se trata de un serio problema de salud pública al que las autoridades deberían prestar atención. A pesar de que hemos avanzado mucho en los últimos años, estas cifras constatan que seguimos viviendo en un mundo heterocéntrico y homófobo. Hiela el alma pensar que el 50% de esos jóvenes sufrió el rechazo de sus propios padres. Es evidente que hay padres que ven natural y hasta divertido que haya gays en las series de televisión, pero les traumatiza la homosexualidad de su propio hijo.

Arrancar los prejuicios homófobos de la sociedad es responsabilidad de todos: de cada uno de nosotros, en el día a día, sirviendo de modelo de normalidad a amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos…; y también es responsabilidad de las autoridades, que deberían fomentar campañas institucionales para informar a los padres – y a la sociedad en general-, sobre la homosexualidad, haciendo hincapié en que desear a una persona de tu mismo sexo es algo natural y cotidiano, y que lo antinatural y dañino para un hijo es tener que ocultar y reprimir sus deseos sexuales por verlos fuera del patrón de la normalidad, por miedo. La información es la mejor arma para acabar con ese espejo deformante de la realidad que son los prejuicios.

Los niños y los adolescentes de hoy siguen siendo homófobos, porque se han nutrido de una homofobia secular tan adherida a la sociedad como una mancha de petróleo en una playa. Es evidente que también hay que actuar en las escuelas, con más charlas a los alumnos y más educación sexual. No es admisible que siga habiendo adolescentes gays que no se atrevan a mostrar sus sentimientos por miedo a la burla o, peor aún, a la agresividad de sus compañeros. Nuestro sistema educativo debe aportar referentes positivos sobre las diferentes maneras de vivir la orientación sexual: es un sinsentido que lo hagan las series de televisión y no lo hagan las aulas.

El curso pasado se dio un paso adelante con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una de cuyas virtudes es contribuir a normalizar la homosexualidad. Hay que seguir en esa dirección y no consentir que se le roben contenidos, ni que se imparta en inglés, tosca y malintencionada ocurrencia de Paco Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana, quien ha convertido su ceñudo boicot a la asignatura en un esperpento de portada de periódico.

Si se trata de combatir la homofobia el gobierno debe ser valiente, porque se va a encontrar con la oposición enconada de los quintacolumnistas de la fe y de la moral, un sector de la sociedad de espaldas a la realidad cuya sola mención de la palabra “homosexualidad”? les provoca un irracional rechazo: por ese motivo se ven obligados a practicarla en secreto. Afortunadamente gobierna quien gana las elecciones, no quien dice hablar en nombre de Dios o de la Tradición.

Aunque en los últimos años hemos avanzado mucho en la normalización, las duras cifras que se daban al principio demuestran que aún tenemos mucho camino por recorrer, especialmente en ámbitos rurales.

Es responsabilidad de todos, pero ahora le vamos a pedir al gobierno que dé otro paso adelante.

Los Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se reunieron ayer para unificar criterios en torno a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El rechazo de los populares hacia esta asignatura ha sido y es unánime pero, hasta ahora, existían divergencias internas sobre la objeción de conciencia. Mientras algunas comunidades autónomas como Madrid o Valencia reconocían el derecho a esta objeción, otras como Castilla y León, también gobernada por el PP, lo rechazaban.

Sin embargo, con este cónclave la postura del PP ante Educación para la Ciudadanía queda claramente definida y unificada. Los populares han mostrado de nuevo su rechazo hacia esta asignatura por su “carácter doctrinario e ideológico” y han instado al Gobierno a la retirada de la materia “mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento de la Constitución Española”. Para ello, han pedido urgentemente el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo.

El PP ha recordado también que “ha defendido y defenderá la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos” y ha manifestado su apoyo a las familias que “hayan ejercido el derecho a la objeción de conciencia” para evitar que sus hijos cursen esta controvertida asignatura.

De absolutamente esperpéntica se puede calificar la situación creada en la Comunidad Valenciana con la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía” tras la decisión de su Gobierno autonómico de impartirla en inglés, lo que ha sido considerado por muchos un boicot de facto que contribuye a desnaturalizar aún más los contenidos de la asignatura.

Según refleja un extenso artículo que publica hoy el diario “El País”, la decisión implica que el encargado de la preparación de los contenidos de la asignatura (habitualmente profesor de filosofía) imparte la clase en castellano o valenciano, al tiempo que un profesor de inglés se encarga de su traducción simultánea a la lengua de Shakespeare, lo que genera situaciones delirantes. Los propios profesores califican esta situación como “impracticable, poco efectiva, caótica y ridícula”, y algunos de ellos estudian posibles alternativas que hagan viable la docencia de la asignatura con las exigencias de las autoridades educativas valencianas, como explicarla primero en castellano y luego plantear ejercicios y actividades en inglés.

Se da la curiosa circunstancia de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es presentado habitualmente por los medios de comunicación generalistas como un líder moderado dentro del Partido Popular. Según otras fuentes, sin embargo, Camps es uno de los líderes de su partido más próximos a las posiciones más conservadoras de la iglesia católica, institución que ha convertido la oposición a Educación para la Ciudadanía en uno de sus principales caballos de batalla contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Dicha cercanía quedó en evidencia, por ejemplo, con motivo de la visita de Joseph Ratzinger a Valencia en el año 2006 para asistir al autodenominado “congreso mundial de las familias”. Camps, junto a otros líderes de la derecha valenciana, animaron a los ciudadanos a participar en dicho encuentro, calificaron a los voluntarios de la visita papal como “lo mejor que tiene Valencia y España” y proclamaron pomposamente a Valencia “capital de la cristiandad”.