Perdonadme que insista una vez más en este asunto, el del papel que creo que el Jefe del Estado debe cumplir en lo que a mi me parece un momento de inflexión y, por tanto histórico –bien hacia un lado grave y preocupante, bien hacia otro más feliz, como ya ocurriera en Holanda o, en menor medida, en Alemania hace unos años- en el respeto hacia los novÃsimos y aún frágiles derechos reconocidos recientemente en nuestro PaÃs a la comunidad homosexual (un 10% de la población según las estadÃsticas), pero las noticias se van sucediendo sin solución de continuidad, aceleradamente, y la situación requiere un análisis detenido y un sosiego que los principales actores de la compaña emprendida contra aquéllos –esto es, la Iglesia y algunos sectores conservadores polÃticos y sociales próximos a ella- no están dispuestos a permitir.
Todo ello está originado un clima de cada vez más elevada tensión, especialmente en una de las partes, la que reacciona -que por eso, sencillamente, se la denomina reaccionaria en este aspecto-, con consecuencias evidentes y no aisladas en estos últimos dÃas: la brutal paliza a un joven homosexual en una piscina de Madrid por besar públicamente a su pareja del mismo sexo, o la frontal oposición de algunos medios e instituciones a que un Alcalde autorice un matrimonio civil al que, como acto reglado, no puede oponerse por la autoritas que le inviste. Todo ello está contribuyendo en alguna medida al miedo, al desanimo, a la ocultación, cuando realmente el efecto -el feliz reconocimiento de derechos y libertades- deberÃa ser precisamente el contrario…y eso no lo podemos consentir.
Bien es cierto que corresponde al Ejecutivo, gobernado por el PSOE, adoptar las decisiones que, con el respaldo de la sociedad, ayudan a sostener el entramado de libertades alcanzadas, su estructura y arquitectura. Pero desde la inevitable perspectiva polÃtica su posición se alinea con una de las partes, la reconocida o beneficiada, chocando abiertamente con los planteamientos de la otra, la de los que rechazan de plano cualquier “concesiónâ€? en favor del colectivo de gays, lesbianas o transexuales. Eso convierte a nuestro Gobierno en en Juez y parte.
En este punto es donde a mi juicio se hace aconsejable la intervención del Jefe del Estado a través de algún gesto claro e inequÃvoco, visible, un aviso a navegantes, del que se desprenda que la sociedad española a la que éste representa suscribe abiertamente –con Él- las decisiones adoptadas en el Parlamento de la nación, ya sean las normas que tratan de proteger a los homosexuales de comportamientos homófonos y delictivos –como el caso del apaleamiento de Luis por ser homosexual-, o de la libertad para contraer matrimonio civil, fomentando asà un ambiente en el que no existan presiones ni amenazas como ahora ocurre, un clima de verdadera paz social que ahora parece que algunos intentan escamotearnos.
El tÃtulo II de la Constitución Española confiere al Jefe del Estado, de forma expresa, no sólo una función representativa, sino, en los que ahora nos parece aún mas importante, un papel “moderadorâ€?. Algunos estamos convencidos de que el Jefe del Estado debe atemperar, coadyuvar a rebajar la tensión. Su intervención es evidentemente aconsejable.
Hasta la fecha, el único encuentro que yo recuerde que se ha producido con el colectivo homosexual fue precisamente cuando el Rey, por pura casualidad, se dio de bruces con el stand de la librerÃa Berkana en la Feria del libro de hace unos años, ofreciendo una pobre imagen, si no desgraciada, que en nada ayudó a forjar una imagen de la monarquÃa, de la Jefatura del Estado, próxima a estos ciudadanos a los que también representa.
Sr. Jefe del Estado, por favor, mueva ficha…la sociedad se lo agradecerá en su justa medida.

Jesús Flores
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