Se discute en estos dÃas la jugosa porción de la tarta de los Presupuestarios Generales que la Iglesia Católica habrá de recibir del Estado español, que es como decir de nuestros generosos bolsillos. Una vez más la Iglesia, cesto en mano, ha acudido a exigir su parte a la puerta del Ministerio con total naturalidad, sin rubor alguno, como si los impÃos asuntos de la cosa pública no fueran con ella.
Pues bien, es precisamente ahora el momento de traer a la «palestra» las innumerables ocasiones en las que la Iglesia Católica, y el sector de sus acólitos, ya sean algunos medios de comunicación, otras tantas instituciones y algunos partidos polÃticos, acudÃan raudos a invocar su derecho a “OBJETAR EN CONCIENCIAâ€? para disculpar la aplicación de una norma que no servÃa a los intereses de su Credo, a sus dogmas y principios, que ponÃa en la brecha a nuestra Democracia -siempre según su opinión- y que que hacÃa tambalear no sólo nuestros tranquilos hogares familiares, sino la mismÃsima “Ley naturalâ€?.
Recuerda el diario “El PaÃsâ€? en su editorial de hoy (21 de septiembre) que la Iglesia y sus organizaciones reciben del erario público unos 3.500 millones de euros por diversos conceptos, y que la diferencia entre lo recaudado directamente del IRPF, que los católicos ceden a la hora de hacer su declaración de la renta, con la antigua asignación presupuestaria heredada directamente del Franquismo, viene siendo cubierta graciosamente por el Estado vÃa Presupuestos -unos 30 millones de euros al año- a pesar de que la Iglesia aceptó en 1987 un periodo transitorio de tres años para autofinanciarse, algo que, evidentemente, sigue sin cumplir en 2006.
Pues bien, aunque no comparta esa técnica jurÃdica tan denostable que es la objeción de conciencia –una forma más de pretender defraudar la ley-, tan propia de aquéllos que sienten verdadera pasión por desvincularse de los comportamientos, reglas y razones del grupo social, que en estas reglas y razones consiste precisamente el Derecho, no me resisto a responder a aquéllos con sus mismos argumentos, y objetar en conciencia sobre cualquier norma tributaria o presupuestaria que pretenda que la financiación de la Iglesia Católica se lleve a cabo con otros impuestos que no sean los recaudados de los propios católicos, como ocurre, por ejemplo, en otros paÃses tan sensatos como Alemania.
SerÃa lamentable que nuestro Gobierno llegara a un pacto sólo como “precio polÃtico a pagar» para que la jerarquÃa aflojara la presión que ejerce sobre el Gobierno –señala aquel diario-. Peor aún, estarÃa obligando a participar a todo el conjunto de los españoles en ese “temerarioâ€? proyecto en que consiste la Iglesia Católica, también a los no creyentes, incluso a aquellos que en estos últimos tiempos se han sentido realmente acosados por sus “prÃncipesâ€? y expulsados de su cÃrculo social, como homosexuales, transexuales o abortistas y, ya de paso, algún nacionalista.
Permitidme por tanto que no quiera sentirme una vez más «cornudo y apaleado» y que objete en conciencia sobre lo que a muchos nos parece una verdadera injusticia, o sea, que con mis impuestos, no.
Jesús Flores
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