La vicepresidenta primera del Gobierno, MarÃa Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer cómo será el nuevo modelo de financiación de la Iglesia Católica, tras el acuerdo al que han llegado con la Conferencia Episcopal. Se trata de un acuerdo complejo en el que las relaciones Iglesia-Estado han tenido que amoldarse a las normas financieras comunitarias, después de una exigencia de la Comisión Europea.
Las novedades más significativas marcan que la aportación voluntaria que la Iglesia recibe a través del Impuesto de la Renta de las Personas FÃsicas se eleva del 0,52% actual al 0,7% -los obispos pedÃan un 0,8%-. Como contrapartida, la Iglesia dejarÃa de recibir la dotación directa por parte del Estado, deberá pagar el IVA en sus operaciones (exigencia de la UE) y deberá presentar una memoria justificativa de en qué se invierte el dinero de los contribuyentes.
La Conferencia Episcopal valoró positivamente el acuerdo firmado, aunque afirmó que también es «arriesgado«. Su portavoz, Juan Antonio MartÃnez Camino, declaró en rueda de prensa que la Iglesia nunca hace campañas en contra de proyectos de ley, al ser preguntado por el rechazo al matrimonio entre homosexuales. Parece que el dinero contante y sonante del acuerdo ha tenido un efecto amnésico en el antaño locuaz portavoz de la CEE.
Aún asÃ, el acuerdo no deja de resultar polémico en un paÃs que se autodefine como aconfesional y en el que, según los acuerdos Estado español-Vaticano del 3 de enero de 1979, ésta última deberÃa tender a la autofinanciación: “la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sà misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financieraâ€?.
Para leer la carta de Jesús Flores en Dos Manzanas sobre este tema, pulsad aquÃ.