El personal sanitario de Estados Unidos podría negarse a tratar a pacientes LGTB

La administración Bush, a la que queda poco menos de un mes, continúa muy activa por lo que se refiere a decretar medidas del gusto de la derecha religiosa. La última ha sido regular la «objeción de conciencia», lo que al parecer abriría la puerta a la posibilidad de que el personal sanitario pudiera negarse a tratar a gays, lesbianas o transexuales, incluso en aquellos centros que reciben financiación federal.

Aunque su objetivo inmediato parece ser dificultar el derecho al aborto, la norma está elaborada de tal forma que permitiría también al personal sanitario rechazar la atención a las personas LGTB, según denuncia la organización Human Rights Campaign. Algunos ejemplos serían la reproducción asistida a parejas de lesbianas, el suministro de los fármacos necesarios para la hormonación de las personas transexuales o incluso realizar una prueba del VIH.

Según la actual administración, la norma «protege el derecho de los proveedores de servicios sanitarios a cuidar de sus pacientes de acuerdo con su conciencia». Eso sí, según un portavoz del Departamento de Servicios Sanitarios «no se permitirá rechazar la atención de una persona cuando esta decisión se base en las características individuales de pacientes que tengan una protección federal». Observación importante, porque si bien los pacientes de los que se sabe que son seropositivos, por ejemplo, si están protegidos por la legislación federal, ésta no establece protección alguna en función de la orientación sexual o la identidad de género.

Desde Human Rights Campaign se señala que el nuevo Presidente, Barack Obama, podría impulsar una nueva regulación, pero que en todo caso el proceso llevaría meses. Y hasta el momento los portavoces de Obama no se han querido pronunciar sobre cual será su posición, pese a ser preguntados al respecto. El Congreso, de mayoría demócrata, podría también actuar vía legislativa. Se da la circunstancia de que hace pocas semanas las senadoras demócratas Hillary Clinton y Patty Murray intentaron promover un proyecto de ley que suspendiera la norma, pero éste no ha podido ver la luz debido al final del periodo de sesiones.