El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ignora al Supremo y sigue avalando la objeción a Ciudadanía

Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le da igual la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía que negaba la posibilidad de «objeción de conciencia» frente a dicha asignatura. Ese mismo día la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal andaluz volvía a establecer exactamente lo contrario: que una familia, en esta ocasión de Granada, sí tiene derecho «a ejercer la objeción de conciencia».

Según informa El País, de dicha sala, que sistemáticamente ha reconocido el «derecho a la objeción», forman parte al menos «dos jueces vinculados al Opus Dei». Recordemos también que en dicha sala ejerce su función como juez Enrique Gabaldón, hijo de José Gabaldón (presidente de honor del Foro de la Familia) que en una de las sentencias contra Educación para la Ciudadanía reprodujo literalmente argumentos que su padre ya había utilizado. Ante el escándalo que eso supuso en su momento las asociaciones de jueces reaccionaron todas a una y arroparon a Gabaldón en una muestra más del rancio corporativismo que impregna a la clase judicial española.

Que los magistrados andaluces ignoren la decisión del Supremo es, al parecer, legal, ya que para que se siente jurisprudencia el Supremo tiene que dictar dos sentencias en el mismo sentido. Además, a diferencia del Constitucional, el Supremo no tiene la obligación de publicar en el BOE sus fallos, por lo que el tribunal andaluz podría argumentar que desconoce sus decisiones. Y en último lugar, porque los magistrados andaluces siempre podrían ampararse en la «independencia judicial» e ignorar los pronunciamientos de órganos superiores, «siempre que haya un razonamiento legal», todo ello según afirma María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, en el mencionado artículo de El País.

Ante este panorama los expertos no tienen claro qué ocurrirá. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, controlado por jueces conservadores, podría seguir dictando sentencias a favor de la objeción, que teóricamente serían luego tumbadas una a una por el Supremo.