El Tribunal Supremo decide finalmente que no es posible la objeción a Educación para la Ciudadanía

Finalmente el Tribunal Supremo ha salvado por amplia mayoría la asignatura de Educación para la Ciudadanía, si bien lo hace de una forma que, según algunas interpretaciones y a la espera de conocer la redacción de la sentencia, podría cerrar el asunto en falso. Ante la división existente, de la que informábamos esta misma mañana, el pleno del Supremo se ha esforzado en llegar a una postura «de consenso» que ha recibido el apoyo de 22 magistrados, mientras que 7 han votado en contra y uno se encontraba ausente por enfermedad.

Los jueces del Supremo dirimían, en concreto, sobre el recurso de casación presentado por el fiscal, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconocía el derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura. Asimismo analizaba los recursos presentados por varias familias asturianas a las que tres fallos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimaron la objeción. El Pleno concluye que «en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia» y estima que «los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Según el diario «El Mundo», para lograr el apoyo de parte de los magistrados conservadores, el Tribunal Supremo matizaría en su sentencia que ni las autoridades administrativas o escolares, ni los profesores, pueden imponer a los alumnos «criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad». El contenido de la asignatura, según el Supremo, «debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales». Según este periódico, estas matizaciones podrían dejar la puerta entreabierta a nuevos litigios que utilizaran otros planteamientos jurídicos.

En cualquier caso, los padres que han visto rechazado «su derecho» a objetar ya han anunciado su intención de llevar la batalla al Tribunal Constitucional.